El virrey y los oficiales reales ignoran -o prefieren ignorar- el marco jurídico catalán. Esto origina una escalada constante de la tensión con la Generalitat, que es el organismo encargado de denunciar cualquier posible conculcación de las leyes hecha por los representantes de la corona. Y, evidentemente, el hecho de que los jueces de la Real Academia, nombrados por el monarca, sean los responsables de juzgar estas posibles conculcaciones no contribuye nada a disminuir la tensión, porque a menudo acaban juzgando las propias actuaciones, con las consiguientes sospechas de escasa imparcialidad.

Para evitar este inconveniente, el conde-duque se fija un doble propósito. En primer lugar impulsar un cambio profundo en las estructuras de la Monarquía, adecuando las instituciones a las necesidades del momento. Como Castilla es la que menos obstáculos pone a las peticiones de la política imperial, es el modelo de organización política castellano el que debe imponerse en los otros reinos. En segundo lugar, OLIVARES se propone acabar con el exclusivismo castellano en la administración, ofreciendo cargos públicos (políticos, militares o administrativos) a gentes de todos los reinos, es decir, a cualquier vasallo real. Ambos propósitos coinciden en un mismo objetivo: construir un país unido y compacto que deje atrás lo que el conde-Duque consideraba diferencias arcaicas.

El conde-duque de OLIVARES prepara un audaz plan contra Francia que, en líneas generales, consiste en concentrar en Catalunya (convertida en Plaza de Armas de España) a un poderoso ejército de 40.000 hombres (de los cuales 10.000 alistados en la Corona de Aragón) dispuesto para atacar a Francia por los Pirineos, mientras las fuerzas de Flandes, lo harán por aquella frontera. (Este plan se pone a la consideración del Consejo de Estado que finalmente no lo aprueba.)

El ultimatum del rey sienta mal, pues los catalanes, según sus fueros, no están obligados a ninguna clase de servicio y, además, las rentas atrasadas equivalen a la ruina para muchas poblaciones. Por otra parte, hay una tregua en el conflicto europeo y no se entiende a que vienen tantas prisas con los soldados. Pero sin el monarca, las cortes -único cuerpo legislativo del territorio- quedan suspendidas y sus reformas van a quedar en el aire. Así, se decide, tras numerosas resistencias, a reanudar las Cortes suspendidas.

Las Cortes Catalanas, cuando el Rey abre la sesión de las Cortes, exigen que antes de hablar de nuevos subsidios se pase repaso a los agravios que tienen con la administración central, desde las últimas Cortes celebradas en 1599. Los diputados presentan nueve proyectos de ley que llevan a la práctica sus demandas, pero FELIPE IV los corrige hasta dejarlos inservibles. Por otra parte exige dieciséis mil soldados, o su equivalente en metálico, así como las rentas reales que no se cobran desde el tiempo de su abuelo. De otro modo se marchará y allá se las compongan. Las Cortes de Barcelona se disuelven sin llegar a ningún acuerdo.

La primera sorpresa de OLIVARES es que no resulta tan sencillo como imagina que intervengan en la contienda todos los territorios españoles, aún independientes entre sí. El conflicto se desarrolla en posesiones de la corona de Castilla, por lo que a las otras les tiene sin cuidado. Consultadas, en la fecha, las Cortes de Aragón y Valencia, los diputados correspondientes no ven motivos para complicarse en el pleito y sólo bajo presión oficial convienen en colaborar con la “Unión de armas” aportando cada una un tercio de infantería.

FELIPE IV promulga, con fecha 25 de julio de 1626, un decreto en el que proclama la inauguración oficial de la “Unión de Armas”. La Unión de Armas ideada por Olivares es un proyecto destinado a exprimir la sangre y el dinero de todos los territorios de la monarquía hispánica. Uno tras otro, todos van doblegándose ante las exigencias del rey y de su ministro. Todos excepto Catalunya. El esfuerzo exigido a los catalanes es inmenso, probablemente muy superior a su posibilidades aunque quisieran ahorrarse un conflicto frontal con la monarquía. Pero, es todo caso, las instituciones catalanas se niegan a ceder.

En Catalunya, las Cortes de 1628 no se pueden celebrar porque al parecer el Rey no tiene los medios económicos necesarios para el viaje al Principado. El nuevo aplazamiento se fija para 1632

En junio de 1629, en plena crisis política, el secretario Juan de Vilella presenta al rey en el Alcázar de Madrid un documento obra de una mano anónima. Se trata de un amplio y corrosivo ataque al conde-duque expresado en los términos más categóricos. El autor acusa a OLIVARES de un “insaciable anhelo de poder”. Tras leer atentamente el escrito, FELIPE IV manda que se lo entreguen a OLIVARES con una nota donde decía: “Deberíais guardar mejor vuestras espaldas, conde”.

ENRIQUE de Aragón Folch de Cardona y Córdoba, es nombrado virrey de Catalunya (1630-1638) (A excepción del año 1632/1633 en que lo fue D. FERNANDO, hermano del rey FELIPE IV)