En 1856, se celebra una convención franco-española, para aplicar la fijación de la frontera compartiendo Navarra.

La ley de 1841 no ha de modificarse a pesar de los embates de la opinión antifuerista. El problema, para los navarros, reside en la pérdida progresiva del idioma que constituye el núcleo de definición de la comunidad vasca. El pueblo no desaparece porque le supriman unas leyes, por fundamentales que sean, pero sí al perderse sus rasgos propios y, sobre todo, la lengua, en torno a la cual se articulan cultura y moralidad. En enero de este año celebra su primera sesión la Asociación euskara de Navarra que renuncia de antemano a la “agitación” política en favor de la defensa a ultranza de la cultura y del idioma vascos. Queda clara la profesión de fe nacionalista, pero se supone que la misma puede ser compatible con una España entendida como “nacionalidad de nacionalidades”

El gobernador civil de Pamplona recuerda a los maestros la obligación de impartir las clases en castellano. La circular alerta sobre la utilización del vasco en las escuelas de las zonas rurales más aisladas.

En la Asamblea de Ayuntamientos celebrada en Pamplona en junio de 1932, el anteproyecto de las Gestoras es aprobado, aunque con el voto en contra de la mayoría de los representantes navarros, carlistas en un alto porcentaje, quienes renuncian a participar en un proceso autonómico amparado por la Constitución republicana. Ello obliga a una nueva redacción, que reduce el ámbito de la región autónoma a las tres provincias vascongadas.

Al ser restauradas en España las libertades democráticas, tras la muerte de Franco, CARLOS HUGO de Borbón Parma forma un partido específicamente político, el Partido Carlista en Navarra, que es legalizado en 1977 y participará sin éxito en las elecciones de 1979.