Rodríguez Saá y su flamante gobierno de Argentina presentan la dimisión ante las protestas populares generalizadas. Estaba previsto que Adolfo Rodríguez Saá, gobernador de San Luis, fuese jefe del Estado de forma provisional durante 60 días y que convocara elecciones para el 3 de marzo de 2002. Pero no le ha dado tiempo. Seis días después de su toma de posesión los argentinos han vuelto a echarse a las calles para protestar. Al descontento social se ha unido la falta de consenso y apoyo de su propio partido, por lo que Rodríguez Saá renuncia. El colapso económico, que se ha traducido en la mayor suspensión de pagos de la historia, y el deterioro de la vida social amenazan con devolver al país a los tiempos de la anarquía anteriores a la Constitución de 1853.

Tras el nuevo fracaso, le ha correspondido al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, tomar las riendas Argentina durante 24 horas. Camaño ha sido el encargado de convocar la Asamblea Legislativa para aceptar la dimisión de Rodríguez Saá y designar al nuevo presidente.

En Argentina, hay más de 36 millones de habitantes de los cuales 14 millones son pobres.

El senador peronista Eduardo Duhalde asume en Argentina la Presidencia del país, cargo para el que es elegido por la Asamblea Legislativa -el pleno del Congreso- para un período de dos años. De esta manera, Duhalde cumplirá lo que resta del mandato, que concluye el 10 de diciembre de 2003. El consenso ha sido amplio. El ex vicepresidente, que perdió las elecciones en 1999 ante Fernando de la Rúa, encabezará un Gobierno de salvación nacional, que cuenta con el apoyo de radicales y peronistas para cumplir una misión casi imposible: lograr la paz social y sacar al país de la crisis. Eduardo Alberto Duhalde es un abogado laboralista de 60 años, senador y gobernador durante dos mandatos de la provincia de Buenos Aires. El caudillo peronista de la provincia de Buenos Aires se convierte en el quinto presidente argentino que pasa por el cargo en los últimos 13 días, y se espera que complete el mandato presidencial hasta diciembre de 2003, interrumpido el pasado 21 de diciembre tras la dimisión del radical Fernando de la Rúa.

El Supremo argentino declara inconstitucional el decreto firmado por el ex presidente De la Rúa que ha impuesto, desde el 3 de diciembre, severas restricciones a la retirada del dinero de los bancos (\’corralito\’).

Forzado por la escasa confianza con que el FMI y las empresas extranjeras acogen sus primeras medidas económicas, el Gobierno argentino anuncia un nuevo paquete de decisiones. Entre ellas destaca la flexibilización del \’corralito\’, aunque no su desaparición. En concreto, a partir del 6 de febrero, los argentinos podrán acudir al banco para retirar de golpe sus salarios, así como las indemnizaciones por despido y las jubilaciones. Además, se confirma la pesificación de la economía argentina (las deudas, depósitos y contratos privados se convertirán de dólares a pesos, y la cotización de éste fluctuará libremente con respecto a la divisa estadounidense).

Continúa la guerra entre poderes del Estado. A la decisión, adoptada pocos días atrás, de la Corte Suprema de declarar inconstitucional el decreto del \’corralito\’ del ex presidente De la Rúa, responde la clase política anunciando que el Parlamento juzgará a los nueve miembros del máximo órgano judicial por sobornos y extorsión. La intención última de esta medida es que estos magistrados abandonen su cargo. El procedimiento establece que la decisión no se podrá producir hasta dentro de al menos un mes, aunque los parlamentarios están estudiando fórmulas para que se les suspenda cautelarmente en el ejercicio de sus funciones de forma inmediata.

Los diputados argentinos procesan a la Corte Suprema. El congreso argentino admite a trámite las demandas contra ella. Esta, posteriormente, denuncia el intento de desplazarla con violencia.

El plan económico contra la crisis de Argentina afronta hoy su prueba de fuego con la reapertura de los bancos, donde los argentinos podrán retirar sus sueldos, y del mercado cambiario, en el que el dólar flotará libremente por primera vez en once años. El principal temor del Gobierno de Eduardo Duhalde es que la cotización del dólar se dispare frente al peso y que un aumento de los precios desemboque en hiperinflación. El Ejecutivo anuncia que está dispuesto a intervenir en los mercados para combatir cualquier ataque especulativo. La respuesta de los argentinos ha sido la venta de dólares para poder pagar facturas, deudas y alimentos. El peso argentino resiste el primer día de cambio libre y se estabiliza frente al dólar.

El FMI exige a Argentina un programa de crecimiento antes de concretar las ayudas.