La discusión que da lugar al acuerdo de matar a cargos públicos de los partidos constitucionalistas, por lo que se sabe, ha sido un proceso largo. Algunos de los documentos correspondientes a esta discusión aparecieron publicados en el Barne Buletina (boletín interno) número 67 de julio de 1993. Precisamente, uno de esos documentos defiende la idea de atentar contra cargos públicos del PSOE, del PP y del PNV (en este orden), dando una explicación que sería asumida por el conjunto de la organización terrorista: «El día que un tío del PSOE, PP, PNV va al funeral de un txakurra y se le llena la boca de palabras de condena y lágrimas de cocodrilo, no ve en peligro su situación personal… Pero el día que vayan a un funeral de un compañero de partido, cuando vuelvan a casa quizás piensen que es hora de encontrar soluciones o quizás le toque estar en el lugar que estaba el otro (o sea en caja de pino y con los pies por delante)». Al final del debate, ETA termina aceptando los atentados contra los partidos de ámbito nacional, pero no los dirigidos contra el PNV, aunque intentara asesinar a Juan María Atutxa.

La elección de los dirigentes del PP como objetivos iniciales, probablemente, tenía más que ver con la capacidad de asimilación de los crímenes por parte de la base social de ETA. Cada vez que la banda ha iniciado ataques contra un colectivo nuevo (ertzainas, jueces o periodistas, por ejemplo) ha necesitado hacer un esfuerzo previo para conseguir que los votantes de HB interiorizasen y comprendiesen los nuevos asesinatos, a fin de evitar pérdida de apoyos. Y para ello presentaron el asesinato del dirigente del PP como una continuación del atentado contra el almirante Carrero. Para ir mentalizando a sus militantes, ETA empezó los asesinatos de dirigentes constitucionalistas por el PP porque atentar contra socialistas hubiera sido de más difícil comprensión en aquel momento entre sus seguidores.

Un intento de volver a organizar el comando Barcelona con Rosario Ezquerra Pérez de Nanclares fracasa al año siguiente. A pesar de ello, durante los veranos de 1995, 1996 y 1997 se registran un total de dieciséis atentados dentro de las campañas etarras contra intereses turísticos.

Detenido un comando de ETA que pretendía asesinar al rey de España, JUAN CARLOS I, en Palma de Mallorca utilizando un rifle. Uno de ellos, Juan José Rego, ya había sido detenido en 1978 por preparar otro atentado contra el Rey.

El premio Nobel argentino Adolfo Pérez Esquivel actúa como mediador entre el Gobierno y ETA hasta abril de 1996

En febrero de 1996, ETA asesina a un socialista, el abogado donostiarra Fernando Múgica, que no ocupaba ningún cargo en su partido.

El 14 de febrero de 1996 es asesinado el jurista, historiador y escritor español, Francisco Tomás y Valiente, por Jon Bienzobas Arretxe, ‘Karaka’, un miembro de la banda terrorista ETA en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid mientras hablaba por teléfono con el profesor Elías Díaz, quien escuchó los disparos desde el otro lado de la línea. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a 30 años de cárcel al etarra por el asesinato a balazos del ex magistrado.

1.000.000 de personas se manifiestan en Madrid contra ETA tras el asesinato del presidente del TC Francisco Tomás y Valiente.

Oferta por parte de ETA de una tregua de una semana para «tantear» al Gobierno del PP, mientras permanece secuestrado Antonio Ortega Lara.  El Gobierno no responde a ese llamamiento.  Los firmantes del Pacto de Ajuria Enea se comprometieron a iniciar el diálogo con ETA si liberaba a Ortega, si suspendía de forma completa y prolongada sus acciones armadas y aceptaba la pluralidad de opciones políticas en Euskadi. Después se supo, por papeles incautados a la banda, que el objetivo de esta tregua era provocar discrepancias entre los partidos políticos.

ETA pacta una tregua secreta para la Ertzaintza y declara una tregua para funcionarios de prisiones.