Ruanda y la República Democrática de Congo firman un acuerdo que supone el primer paso para poner fin a cuatro años de guerra. El conflicto, que ha implicado a media docena de países de África central, ha sido el mayor y más complejo del continente, y ha costado la vida a 4 millones de personas. El pacto de seguridad que han firmado en la capital sudafricana, Pretoria, el presidente congolés, Joseph Kabila, y el ruandés, Paul Kagame, determina un alto el fuego inmediato pero está lejos todavía de garantizar la paz. Según el compromiso, Ruanda debe retirar sus tropas del este de Congo -donde ha llegado a tener hasta 40.000 hombres-, a cambio de que el Gobierno de Kinshasa persiga, desarme y deporte a unos 12.000 ruandeses del antiguo ejército de mayoría hutu y de las milicias “interahamwe”, a quienes se hace responsable del genocidio tutsi de 1994, que supuso medio millón de muertos.

El 25 de agosto de 2003, Kagame vence en Ruanda por abrumadora mayoría en las primeras elecciones nacionales desde que su gobierno tomó el poder en 1994, entre informes de los observadores de la UE que hablan de irregularidades y acoso a los partidos de la oposición. Kagame tiende a restar importancia al elemento de su origen étnico (él es Tutsi), definiéndose simplemente como ruandés. Los escépticos apuntan al hecho de que la mayor parte de los miembros del actual gobierno de Ruanda son, como Kagame, Tutsis que crecieron en Uganda. Kagame es muy crítico con las Naciones Unidas y su papel en el genocidio de 1994. En marzo de 2004, las críticas que hará a Francia por su papel en el genocidio al no tomar medidas preventivas causarán una crisis diplomática. Paul Kagame ha sido procesado por jueces en Francia y España por crimenes de Genocidio, crimenes de guerra, crimenes de lesa humanidad y crímenes de terrorismo entre otros. En la actualiad no puede ser juzgado por ningún tribunal nacional, al ocupar el cargo de Presidente de estado que le otorga inumnidad. La fiscalía del Tribunal Penal Internacional de Ruanda sí podria juzgarlo, pero no hay ningún procedimiento abierto que le acuse.

En diciembre del 2003, Kabila, Bemba y Ruberwa firman un pacto para la transición, que incluía los comicios. Los estados que combatieron en ambos bandos alegaron razones de seguridad, pero lo que codician son las riquezas congoleñas, que compartieron y negociaron con las multinacionales que expolian el país desde que el Congo era la finca privada del rey belga Leopoldo II.

El 28 de febrero, los electores de Burundi, un país desgarrado desde hace años por la cruenta guerra civil entre hutus y tutsis (85% y 14% de la población, respectivamente), han dado un sí rotundo a la nueva Constitución que regirá el país después del proceso de transición. Esta Constitución, fruto de largas negociaciones, reparte por primera vez el poder entre las dos principales etnias del país, enzarzadas a menudo en sangrientas matanzas. Según la Carta Magna aprobada, la Asamblea nacional y el Gobierno estarán formados por un 60% de hutus y un 40% de tutsis, y el Senado por un 50% ciento de hutus y un 50% de tutsis. El presidente será elegido por sufragio universal directo, excepto en el primer mandato.

Ruanda ha identificado al menos a 761.000 personas como imputadas en el genocidio de 1994 en el que medio millón de personas perdieron la vida en cien días, indicó ayer un alto funcionario. Los implicados fueron identificados en el transcurso de las investigaciones sumariales hechas por los tribunales comunitarios -conocidos como gacaca- en los que los propios vecinos dieron la lista de las víctimas del genocidio y revelaron la identidad de los sospechosos de los ataques, informó el secretario general del Ministerio de Justicia, Johnston Busingye. Al menos 50 dirigentes locales han dimitido después de ser implicados por los tribunales loque empezaron las audiencias la semana pasada en un intento de acelerar el proceso judicial contra los genocidas. Los asesinatos fueron orquestados por el gobierno hutu en el poder. El número de detenidos en este pequeño país del África central asciende a 63.000. Con el nuevo recuento, las autoridades consideran que son 761.000 personas las que deberán ser juzgadas.

Las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR), a las que pertenecen los rebeldes de la etnia hutu, comunicn que renuncian a la lucha armada y apuestan por el combate político. Las FDLR están formadas por ex milicias radicales y militares del antiguo régimen ruandés de la mayoría hutu que se refugiaron en Zaire -ahora República Democrática de Congo (RDC)- tras el genocidio cometido por muchos de ellos contra la minoría tutsi en 1994. Estos rebeldes han hostigado desde el este de Congo al poder de Ruanda en manos de la minoría tutsi tras su victoria bélica, también en 1994. La actuación de estos extremistas hutus dio pie a las autoridades tutsis ruandesas a enviar a sus soldados al país vecino para neutralizar a los rebeldes, al tiempo que negociaban con riquezas congoleñas. Todos han contribuido a la desestabilización de Congo. El presidente de las FDLR comunicó la renuncia a la violencia en Roma. Condenó, además, el genocidio y pidió la vuelta a Ruanda.

El Gobierno de Burundi y el único grupo rebelde activo en el país acordaron ayer en Tanzania mantener negociaciones para lograr un alto el fuego permanente. En el acuerdo entre el Gobierno y las Fuerzas Nacionales de Liberación (FNL), ambas partes se comprometen a negociar un alto el fuego total y permanente en las próximas dos semanas. Las FNL son el único de los grupos rebeldes hutus que lucharon durante una década contra el ejército de Burundi –dominado por los minoritarios tutsis– que no ha firmado la paz en los últimos cuatro años.

Agathe Habyarimana, de 67 años, esposa del asesinado -en 1994- presidente de Ruanda Juvenal Habyarimana, residente en Francia desde que en1994 fue evacuada de Ruanda por los militares franceses, es arrestada en su domicilio de Courcouronnes, al sur de París. El Gobierno ruandés la acusa de haber integrado el akazu, el círculo restringido del poder hutu que organizó y alentó las masacres de 1994. Se la considera, por el gobierno ruandés, una de los principales planificadores del genocidio.