Tras una tregua de dos meses, adoptan postulados más radicales, siendo la principal consecuencia de este cambio de rumbo la supuesta creación de los «comandos Y», formados por jóvenes (generalmente menores de edad) dedicados a la llamada kale borroka («lucha callejera»), cuyas actividades incluirían la quema de autobuses y mobiliario urbano, y el lanzamiento de cócteles molotov. Su aparición se atribuye a una hipotética debilidad de ETA, que les obliga a recurrir a menores para mantener o aumentar su impacto en la sociedad tras importantes detenciones de sus militantes, incluida su cúpula militar. También empiezan a ser amenazados los concejales de partidos políticos no nacionalistas vascos.

El 10 de julio de 1992, meses después de la caída de la dirección de ETA en Bidart, la banda terrorista ofrece una tregua de dos meses a condición de que se inicien contactos. No llegará a ser efectiva. El Gobierno se niega a valorar el comunicado de ETA y se limitó a exigir a la banda que dejara las armas.

El 17 de agosto los terroristas de ETA asesinan a dos guardias civiles.

ETA es condenada explicitamente, por primera vez en la historia, por Amnistía Internacional

El coronel Leopoldo García Campos es asesinado por dos pistoleros de ETA, en el barrio barcelonés de Sants.

Desde finales del año 1993 y hasta abril de 1994 vuelve a actuar otra vez el comando Barcelona, formado por el ex dirigente de HB Felipe San Epifanio, junto con Dolores López Resines y Gregorio Vicario. Antes de que fuera capturado San Epifanio y desmantelado el grupo, cometen ocho atentados que causan la muerte a dos personas, el coronel Leopoldo García y el civil Vicente Beti Montesinos, éste último en la fecha.

La banda terrorista ETA asesina en Madrid al director general de Política de Defensa, teniente general Francisco Veguillas, a su chófer y a un transeúnte.

En 1995, la organización terrorista lanza una serie de exigencias al gobierno español para parar los asesinatos. La llamada Alternativa Democrática actualiza y viene a sustituir a la alternativa KAS como propuesta de mínimos para el reconocimiento de Euskal Herria. A partir del reconocimiento por parte del Gobierno Español de la territorialidad vasca, de que la soberanía reside en el pueblo vasco y de que éste tiene el derecho de autodeterminarse, se derivaría el cese total de las actividades armadas de ETA. El gobierno español rechaza las exigencias de ETA. Ese mismo año es abortado el asesinato del rey Juan Carlos I, aunque el acto de mayor impacto social vino al año siguiente.

La estrategia de autoconservación terrorista se describe perfectamente en la última carta que escribe Pertur a su familia antes de morir: «Esos bestias han creado un clima tal en la organización que ha transformado ETA, en Euskadi Norte, no en un colectivo de revolucionarios, sino en un estado policial donde cada uno sospecha del vecino y éste de otro ( … ). No logro zafarme de esa dinámica infernal de las conspiraciones, del infundio, de la mentira, etc.; de esa mentira que tiende a eliminar enemigos políticos, no por medio del debate político, sino a través de sucias maniobras en nombre de la ‘disciplina’, de la ‘seguridad’, etc., valores éstos que nunca pueden anteponerse al debate y a los criterios políticos».

La decisión de atentar contra dirigentes de los partidos políticos constitucionalistas fue adoptada por ETA tras una discusión interna celebrada en 1994. La plasmación inicial de este acuerdo han sido los atentados contra el presidente del PP de Guipúzcoa, Gregorio Ordóñez, el 23 de enero de 1995. ETA presentará la decisión como una respuesta al pacto de Ajuria Enea «y a otros pactos contra los abertzales». Cree que con estos atentados logrará sacar «el conflicto armado» de «los parámetros Guardia Civil-gudaris de ETA» al atacar a «los responsables políticos que eran encargados y participantes del conflicto». «El objetivo: acabar con la impunidad para provocar la opresión de Euskal Herria bajo la protección de los partidos políticos». A partir de este momento -hasta junio de 2005-, ETA cometerá otros 72 atentados contra adversarios ideológicos, en su mayor parte miembros del PP y del PSOE, que han causado la muerte a 30 personas. Por su parte, los grupos de violencia callejera desde 1993 -hasta junio 2005- perpetrarán en el País Vasco y Navarra casi 900 ataques sectarios, es decir, dirigidos contra adversarios políticos de los terroristas. Serán atacadas las sedes de los partidos democráticos, agredidos sus militantes, incendiados sus domicilios o propiedades e, incluso, los de sus familiares.