Las tensiones van a más cuando el día 13 de febrero, se da la noticia de la muerte en Carabanchel del militante etarra Jose Ignacio Arregui, víctima de las torturas inflingidas en la Dirección General de Seguridad. Ello da lugar a una huelga general en el País Vasco y en el Congreso a un áspero debate entre los grupos parlamentarios. El gobierno destituye como consecuencia a varios dirigentes policiales, mientras que en el ministerio del Interior se producen dimisiones en solidaridad con los torturadores y el Alcázar juzga la acción gubernamental como una muestra de debilidad que debe ser atajada.

Mientras ETA (m) apoya públicamente a la coalición Herri Batasuna, ETA (pm), cinco días después del intento de golpe de Estado del 23F, anuncia un «alto el fuego» indefinido, sin condiciones, libera a los cónsules de Austria, Uruguay y El Salvador, que mantenía secuestrados, e invita a ETA (m) a que cese en unas acciones que «pueden imposibilitar los acuerdos que puedan darse entre las fuerzas políticas, dando al traste con las salidas políticas».

ETApm anuncia la paralización de toda actividad armada.

Un sector de ETApm, autodenominado VIII Asamblea, se escinde y decide romper la tregua en desacuerdo con el sistema acordado para la reinserción de los terroristas.

El 16 de abril de 1982, el comando Argala de ETA, compuesto por un grupo de activistas franceses encabezados por Henri Parot, dispara una granada contra un autobús militar en Barcelona, sin acertar. Ese mismo año, un comando especial de buzos coloca una bomba en una terminal de Campsa en Badalona.

ETA destruye con explosivos la central de Telefónica en la calle madrileña de Ríos Rosas, interrumpe 700.000 líneas y causa pérdidas de más de mil millones de pesetas.

Los dirigentes de Euskadiko Ezkerra Mario Onaindia y Juan María Bandrés se reúnen con el ministro del Interior, Juan José Rosón, con el que pactan la puesta en marcha de la política de reinserción para los miembros de ETA político militar VII Asamblea, que acordó su autodisolución.

En septiembre de 1982, ETA (p-m) abandona las armas de forma definitiva, si bien un grupo minoritario, ETA (p-m) VIII Asamblea, persiste en la lucha armada, aunque sus militantes acabarán entrando en ETA (m), en la cárcel o renunciando al activismo. Mientras, ETA (m) abandona toda teorización ideológica y se dedica exclusivamente a matar-sobrevivir. Tampoco la coalición HB adecúa su estrategia política o su programa a las nuevas realidades -Estado de las Autonomías, CEE, caída de las democracias populares-, manteniéndose inamovible la alternativa KAS.

Con varios precedentes (Triple A o Batallón Vasco-español), en 1983 empiezan a actuar los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). Su objetivo es combatir ETA con las mismas armas: el secuestro y el asesinato. Las actuaciones de los GAL hasta su desaparición comportarán 28 muertes, la mayoría etarras que vivían al sur de Francia. Una larga investigación judicial sobre la implicación del estado en la organización de estos grupos conducirá a varios sumarios en qué se verán implicados policías y altos cargos del Ministerio de Interior de los primeros gobiernos socialistas. En 1998, el juicio sobre un secuestro considerado como la primera acción de los GAL condena a la prisión al exministro de Interior, José Barrionuevo, y el exsecretario de Estado, Rafael Vera.

El comandante de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo se reúne en Andorra con el máximo dirigente de ETA, Txomin Iturbe, sin que del encuentro salga ningún acuerdo. En junio de este mismo año, varios jesuitas se reúnirán con Iturbe en París para transmitirle un mensaje del Gobierno. El dirigente etarra les dirá que quiere negociar con una delegación en la que hayan militares, cuestión rechazada por el Ejecutivo.