En España, despues de la Transición, los primeros síntomas de malestar en el ejército tienen lugar en abril de 1977, cuando con motivo de la legalización del PCE, el dia 9 de ese mismo mes, Sabado Santo, dimite el almirante Pita da Veiga, ministro de Marina y el Consejo Superior del ejército emite una nota en la que manifiesta su desconformidad con dicha legalización, aunque la acate.

En 1978, el proceso de transición político que se está viviendo en España inquieta a los militares. Se habla incluso de secuestrar al Gobierno durante una reunión del Consejo de Ministros y de obligar al Rey a aceptar un Gabinete de Salvación nacional. El teniente coronel Tejero de la Guardia Civil y el capitán Sáenz de Ynestrillas de la Policía Armada son acusados de rebelión y confinados en Alcalá de Henares hasta diciembre del 79. El asunto se desenmascara gracias a la contrainformación del comandante Andrés Casinello, agregado a la Guardia Civil. Los encuentros que ambos militares mantienen en la madrileña cafetería Galaxia (después Café Van Gogh), el 11 de noviembre de 1978, dan nombre a esta operación.

El 8 de mayo de 1980, los dos sospechosos principales de atentar contra el Gobierno de España, Tejero e Ynestrillas, son juzgados, lo que produce que mucha gente los aclame con banderas nacionalistas, pero también son insultados, muestra de la división de España en ese momento. El fiscal pide seis años para Tejero y cinco para Ynestrillas, pero sólo son condenados a siete meses y un día, y seis meses y un día respectivamente. Ninguno de ellos pierde su rango militar, incluso Ynestrillas es posteriormente ascendido a Comandante.

En España, mientras crece la voluntad golpista en sectores del ejército y de la extrema derecha, el gobierno progresa en el final de la década hacia una profunda crisis, que durante 1980 se volverá cada vez más insostenible. La moción de censura presentada contra Adolfo SUÁREZ por parte del PSOE los días 28-30 de mayo evidencia la debilidad política de SUÁREZ, agravada por la crisis interna de la UCD.

En España, en medio de ese escenario, surge la figura del general Alfonso Armada. Su sombra comienza a proyectarse sobre la península como la única solución posible pues cuenta, además de con su talante moderado, con la confianza del Rey Juan Carlos. Los distintos partidos políticos -los nacionalistas también- están siendo bombardeados por los rumores y hasta por documentos como el preparado por el Cesid en noviembre de 1980 que, bajo el título “Panorámica de las operaciones en Marcha”, desgrana las conspiraciones que se gestan en algunos círculos militares.

En España, el año 1981 ve la luz envuelto en un nebuloso clima de crispación general. La creciente violencia de la banda terrorista ETA, la desintegración de la UCD, con un presidente del Gobierno desgastado incluso dentro de su propio partido, la balbuceante democracia y la impaciencia de los militares por imponer “estabilidad” a cualquier precio, dibuja un panorama algo más que preocupante.

En España, el 1 de febrero, el Colectivo \”Almendros\” publica en El Alcázar un artículo claramente golpista

Del 2 al 4 de febrero, los reyes de España viajan al País Vasco, donde los diputados de Herri Batasuna les reciben con un fuerte abucheo y varios incidentes

En medio de un tenso clima, se ponen en marcha los procesos de sustitución de Suárez. Entre los días 6 y 9 de febrero ha tenido lugar el II Congreso de UCD en Mallorca, donde el partido ha aparecido descompuesto siendo nombrado como presidente en funciones Agustín Rodríguez Sahagún. El día 10 de febrero, Leopoldo Calvo-Sotelo es nombrado candidato a presidente del Gobierno. Será investido el próximo 23 de febrero.

Las tensiones van a más cuando el día 13 de febrero, se da la noticia de la muerte en Carabanchel del militante etarra Jose Ignacio Arregui, víctima de las torturas inflingidas en la Dirección General de Seguridad. Ello da lugar a una huelga general en el País Vasco y en el Congreso a un áspero debate entre los grupos parlamentarios. El gobierno destituye como consecuencia a varios dirigentes policiales, mientras que en el ministerio del Interior se producen dimisiones en solidaridad con los torturadores y el Alcázar juzga la acción gubernamental como una muestra de debilidad que debe ser atajada.