Joan March también cuenta con el asesoramiento excepcional de Carles E. Montals, que está profundamente disgustado con la situación de La Canadenca y atribuye la mayoría de los problemas que sufre la empresa a los directivos extranjeros de la misma. El 1940 se reune con March en Lisboa, le entrega un extenso dossier sobre la empresa y lo convence de que se trata de un gran negocio.

Pocos años después, March se pone en marcha y en 1944 se cita con Dannie Heineman en el despacho de un importante banquero de Madrid. Una vez reunidos, el mallorquín expresa al norteamericano su interés por comprar la Canadiense. Más vale esto -le hizo entender- que esperar sine die que Franco levante la prohibición a los pagos en divisas, sobre todo porque March mismo se aseguraría de que el Gobierno español mantuviera la prohibición. Heineman no acepta la oferta… y no tarda demasiado tiempo a comprobar que Joan March cumple las amenazas.

Ante la imposibilidad de pagar las deudas internacionales en divisas, en 1946 la Canadiense consigue un acuerdo con bancos españoles y extranjeros para poder pagar las deudas en pesetas. Los acreedores aceptan la propuesta como mal menor, porque casi hace diez años que no cobran. Pero entonces el Gobierno español también prohibe esta operación; Pero la sombra de March era alargada. Cuando los mercados financieros comprueban el boicot de Franco a la compañía, el precio de las acciones y las obligaciones se desploma y el empresario mallorquín aprovecha la situación para comprar en la bolsa de Londres tantas obligaciones de la compañía como puede, directamente o a través de testaferros, demostrando que la prohibición española de hacer pagos al extranjero no iba con él.

Joan March presiona a la Canadiense por todas partes. Incluso cuenta con una clase de topo dentro de la empresa, Joaquim Maluquer, el secretario general, que en las memorias explica como pasa la información confidencial a March a través de diferentes contactos. Maluquer, como Montañés, piensa que la mejor salida para la Canadiense en estos momentos es la opción March, que permite por primera vez en muchos años una relación fluida de la compañía con el Gobierno español.

Cuando el magnate mallorquín ha reunido una cantidad significativa de obligaciones de la Barcelona Traction, reclama a Heineman el derecho de participar en la gestión de la empresa. El norteamericano se resiste tanto como puede, pero al final acepta la formación de un comité paritario, con representantes de los dos bandos, que supervise la marcha de la compañía: fue el «Spanish Local Comitee», que el 25 de abril del 1947 se reune por primera vez en las oficinas centrales de Barcelona, en el número 2 de la plaza de Catalunya, a las cuatro de la tarde. La reunión dura bien poco porque los representantes de March consideran que los directivos de la compañía no les dan la suficiente información. Esto significa la ruptura definitiva de relaciones.

La tensión va en aumento y los directivos de la Canadiense se dan cuenta que la cosa acabará mal, puesto que March cuenta con la complicidad del régimen franquista. Heineman está en Bruselas, demasiado lejos para neutralizar las presiones, y por si no hay suficiente, a finales de 1947 llega la noticía de la muerte de Cambó. Mientras era vivo, el político catalán mantuvo un cierto prestigio ante el Gobierno español, aunque no tuviera influéncia. Una vez desaparecido, ya no hay nada que se interponga entre March y su objetivo.

El 9 de febrero del 1948, Joan March insta la quiebra de la Canadiense al juzgado de Reus, a través de una demanda presentada por tres testaferros (Joaquín Rodellas, Felipe Lafita y Enrique de Larragán, los tres residentes en Madrid), con el argumento que hace más de trece años que no cobran los intereses de las obligaciones. Uno de los principales enigmas del caso es por qué March elige el juzgado de Reus. Sus abogados dicen que la Canadiense es una empresa extranjera sometida a la jurisdicción española y, por lo tanto, cualquier tribunal español puede juzgarla. La excusa para hacerlo en Reus es que por el mismo municipio pasa una línea de alta tensión de la compañía eléctrica. En todo caso, como después se verá, es muy probable que el juez titular, Carlos Andreu Domingo, actuara de acuerdo con March.

Ante las evidencias agobiantes que reúne, el juez declara, en la fecha, la quiebra de la Canadiense. No examina la contabilidad de la compañía ni da ninguna oportunidad a sus representantes aunque presentan alegaciones. Si el proceso se celebra con las mínimasgarantías que ya prevé la ley, la Canadiense nunca hubiera sido declarada en quiebra porque no es insolvente. Al contrario, es la principal empresa del país y tiene grandes propiedades.

Los directivos de la Canadiense se enteran de la decisión del juez de Reus cuando ya es tarde. El 13 de febrero por la mañana, el depositario y el comisario nombrados por el juez para «ocupar los bienes» se presentan a las oficinas de la Canadiense en la plaza de Catalunya para hacerse cargo de la empresa. Son dos comerciantes de Barcelona, Francisco de Paula Gambús y Adolfo Fotirnier. Desde Bruselas, Heineman no da crédito a lo que le explican y al principio no da importancia, convencido de que todo es una maniobra más de March. Efectivamente, es una maniobra de March, pero no una más, sino la decisiva. En lugar de reaccionar inmediatamente y presentar todos los recursos posibles ante los juzgados, amparándose en las múltiples irregularidades de la declaración de quiebra, Heineman protesta ante los Gobiernos de Bélgica, Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá. Confia que el régimen de Franco, que ya esta suficientemente aislado no abonará un escándalo de esta magnitud, que pueda perjudicar su reputación internacional. Los propietarios de la Canadiense no presentan el primer recurso contra la decisión del juez de Reus hasta cuatro rneses después.

Heineman equivoca la estrategia. La maquinaria judicial franquista continúa adelante y el 4 de enero del 1952 el juzgado de Reus subasta todos los bienes de la compañía. Sólo se presenta un postor: *Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S.A. (Fecsa), una sociedad mercantil constituída pocos meses antes en Madrid por Joan March que, como era previsible, consigue la adjudicación de los bienes subastados en aquel simulacro judicial. El financiero golpista paga un precio ridículo: diez millones de pesetas, mucho menos del valor real de la empresa. Era el final de la Barcelona Traction Light & Power, prácticamente confiscada por los vencedores de la Guerra Civil, y el inicio de Fecsa.