El Ministerio de Asuntos Exteriores británico elabora, en la fecha, un informe secreto (se hará público en 2.000), sobre Gibraltar. Dice el informe que en este momento (1971) la Roca no interesa a Inglaterra estratégicamente, ya que el mundo vive en la era atómica, y se plantea su devolución a España. Existe, sin embargo, un obstáculo. Según el documento, los habitantes de la Roca se han convertido en “sucedáneos de ingleses” porque los británicos les han impuesto su sistema educativo y sus instituciones políticas. Londres les acaba de conceder una Constitución, la de 1969, que les viene “varias tallas grande”. Para llegar a un acuerdo con Madrid, el gobierno inglés primero tiene que “bajar los humos” a los llanitos.

Durante la etapa que está cerrada la verja en Gibraltar, Gran Bretaña deja claro que no podrán mantenerse conversaciones serias sobre el asunto, y aunque los ministros de Exteriores de ambos países se entrevistan en alguna ocasión, no se produce ningún avance en las negociaciones.

Con relación al contencioso de Gibraltar, se produce la última resolución de la ONU instando a las partes a hallar una solución, matizando que no reconoce el derecho a la autodeterminación y que al mismo tiempo deben tenerse en cuenta los “derechos” de los ciudadanos. Todos los años desde entonces la Asamblea General vota un Consenso en el que se renueva la resolución.

Con motivo de la muerte de FRANCO y con el comienzo de la transición a la monarquía democrática en España, parecen abrirse nuevas perspectivas para la reanudación de las negociaciones en torno al eterno problema del Peñón. Sin embargo Gran Bretaña se da cuenta de que no habrán grandes cambios en la postura española en este asunto, cuando el Rey JUAN CARLOS I afirma en su discurso de jura ante las Cortes que España continuará en su política de reclamar la soberanía plena de Gibraltar. A pesar de todo, un gesto de buena voluntad por parte de España es el restablecimiento de las comunicaciones telefónicas con el Peñón durante las Navidades y, de nuevo, en la Semana Santa del año siguiente.

La Asamblea General de las Naciones Unidas urge nuevamente a los Gobiernos español y británico a que inicien de nuevo negociaciones sobre el problema de Gibraltar.

Sin duda, el nuevo marco político español ofrece mejores posibilidades de entendimiento y así lo quiere dejar claramente de manifiesto el jefe de Gobierno español, Adolfo SUÁREZ, cuando, en la fecha, realiza su primera visita a Londres. SUÁREZ declara en la capital inglesa que el nuevo proceso autonómico que se está llevando a cabo en España puede ser la clave para la solución del problema de Gibraltar ya que facilitará la “reintegración de Gibraltar en el territorio español, de conformidad con la resolución de las Naciones Unidas”. No obstante, el flamante político español se niega a levantar las restricciones existentes en las comunicaciones con el Peñón, con lo que también advierte que, en este tema de la reclamación de su soberanía, España no está dispuesta a renunciar ni un ápice.

Reunión exploratoria en el Círculo Europeo de Estrasburgo, en la que, junto al ministro español de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, y al secretario del Foreing Office, David Owen, acuden por primera vez el ministro principal de Gibraltar, Joshua Hassan, y el líder de la oposición, Mauricio Xiberras.

Reunión en Lisboa entre el ministro español de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, y su colega británico, lord Carrington, al término de la cual se aprueba una declaración en la que ambas partes acuerdan iniciar negociaciones sobre Gibraltar a fin de solucionar “todas las diferencias”.

Con el fin del franquismo, Londres y Madrid inicial el deshielo, que desemboca en la Declaración de Lisboa, en 1980, en la que se proponen resolver el problema de Gibraltar. Esta Declaración de Lisboa significa un importantísimo paso adelante en la búsqueda de una solución al conflicto y abre nuevas perspectivas para las negociaciones, en un momento en que España trata también de nogociar su ingreso en la OTAN y en la Comunida Europea.

La visita de los príncipes de Gales en 1981 y la votación del Parlamento británico por el que se mantiene la ciudadanía a los gibraltareños, vuelven a enrarecer el ambiente.