Mientras se celebra en Lima la V Conferencia de países no alineados, un golpe de Estado llevado a cabo por los militares peruanos depone al presidente Velasco Alvarado y designa al general Morales Bermúdez nuevo presidente de Perú.

Alan García toma posesión de la presidencia de Perú (1985-1990)

Se celebra, en la fecha, en Cartagena de Indias (Colombia), la llamada Cumbre antidroga. Asisten, despúes de unos meses de tensiones, los presidentes de EEUU., George Bush; de Perú, Alan García; de Bolivia, Jaime Paz y de Colombia, Virgilio Barco. El enemigo común: el cártel de Medellín, la punta visible del iceberg de la cocaína y de su inmenso poder criminal, económico y político.

Los cuatro presidentes (Colombia, Perú, Bolivia y EEUU.) muestran que Colombia no está sola al recoger el guante lanzado por los narcotraficantes. Por otro lado, la cumbre representa una síntesis de la problemática de la cocaína. Perú y Bolivia, como los principales países productores de hoja de coca y de pasta básica (casi un millón de personas vive directa o indirectamente gracias a esta actividad). En Colombia se concentra la transformación de la pasta básica en clorhidrato de cocaína, convirtiéndose así en su mayor exportador. Y, por último, los EEUU., como el principal país cosumidor, con una estimación de 25 millones de usuarios, y uno de los principales canales que alimentan con dinero negro el flujo financiero internacional.

La cumbre de Cartagena retoma la confrontación -ya manifestada en otros foros- entre dos prioridades diferentes. El gobierno de EEUU., que señala que sin coca no habría cocaína, propugna la participación de efectivos militares en la lucha contra el narcotráfico y la utilización de agentes químicos y biológicos para la destrucción de las plantaciones de coca.

Los gobiernos de Perú y Bolivia, por su parte, plantean el problema en términos económicos y exponen la necesidad de alternativas previas para los centenares de miles de campesinos que cultivan hoja de coca porque carecen de otra opción. E insisten que la demanda precede a la oferta: de no haber sido por los millones de coainómanos de los países del Norte, los agricultores andinos seguirían plantando coca con el mismo fin que sus mayores. Junto con Colombia, Perú y Bolivia reclaman una responsabilidad internacional compartida. Esta cumbre es un ejemplo más de esa suerte de hiperinflación verbal y congresual que se está dando en torno al problema de la droga.

En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, Alberto Fujimori consigue el 58% de los votos y es designado presidente.

En Perú, la candidatura de Alberto FUJIMORI es apoyada por sectores marginales de la sociedad peruana, los informales y las iglesias evangélicas, que hacían su ingreso en la vida política peruana. Sorpresivamente ha obtenido un 20% de los votos en la primera vuelta celebrada en abril de 1990, pasando en esta segunda vuelta contra el escritor Mario Vargas Llosa; quien lideraba el Frente Democrático (Fredemo), que agrupaba a los principales partidos de derecha del Perú; y al candidato de gobierno aprista, Luis Alva Castro. En la segunda vuelta recibió el apoyo de varios grupos de izquierda y el respaldo implícito del gobierno aprista de Alan García. El 8 de junio venció a Vargas Llosa con el 60% de los votos.

Pronto FUJIMORI se desvinculará de los grupos evangélicos e informales que lo han apoyado inicialmente y, debido a la falta de cuadros gubernamentales, su política de gobierno dependerá de la asesoría del gobierno de los EEUU. y del Fondo Monetario Internacional (FMI), que enviarán a varios técnicos peruanos para aplicar sus planes. Es en estas circunstancias que su asesor, el ex-capitán Vladimiro Montesinos, empezará a ocupar un rol preponderante en su gobierno.

Ante la negativa del Congreso de la República para concederle amplios poderes para legislar sin fiscalización en temas económicos y de política antisubversiva; y alegando una falta de cooperación tanto del APRA como del FREDEMO, FUJIMORI, presidente de Perú, decide, el 5 de abril de 1992, disolver el Congreso de la República y suspender las actividades del Poder Judicial. Este acto, denominado popularmente como autogolpe, es apoyado por las fuerzas armadas y causa la llamada Crisis constitucional de 1992.