Durante la última década han habido 25.000 asesinatos en Colombia (sólo unos 3.000 son directamente atribuidos a causas políticas).

Desde Betancur se han emprendido en Colombia un total de once iniciativas de conversaciones de paz -incluida la abierta, en la fecha, por el presidente Andrés Pastrana- con resultados más o menos exitosos, como la desmovilización de muchas guerrillas, pero siempre parcial. Lo que reiteradamente se ha ensayado durante estos últimos años han sido amnistías que no han asumido las implicaciones sociales y económicas de la reinserción política de los insurgentes. Uno de los mayores obstáculos a la paz en Colombia es el narcotráfico. En esta materia, el objetivo fundamental del Estado es neutralizar la violencia asociada al tráfico de drogas y el de internacionalizar el problema bajo la premisa de que la demanda, y no la oferta de estupefacientes, es lo que posibilita esta actividad ilícita. Sin embargo, a diferencia de guerrilleros y paramilitares, no resulta factible negociar políticamente con los narcotraficantes.

Aunque la hegemonía que durante la década de los ochenta ostentaban en Colombia los cárteles de Medellín y de Cali se ha visto considerablemente reducida, nuevos grupos más pequeños pero más operativos han tomado el relevo en el liderazgo mundial del tráfico de drogas, abasteciendo los mercados consumidores de EEUU. y Europa. Los narcotraficantes colombainos no sólo disponen de una importante capacidad tecnológica para la producción y comercialización de drogas, sino que se han hecho con la propiedad de las mejores tierras del país, destinándolas a cultivos ilícitos y apartándolas, por tanto, de su función como medio de obtención de alimentos. La arraigada presencia del narcotráfico ha repercutido en las esferas política, económica y social de Colombia, y ha radicalizado el enfrentamiento entre el Estado y los grupos armados (guerrilleros y paramilitares), cuyos vínculos con los cárteles de la droga les comportan cuantiosos ingresos monetarios.

Los colombianos contemplan esperanzados los resultados del encuentro entre Pastrana -actual presidente- y el comandante Marulanda “Tirofijo”. Descongelado el diálogo y prorrogada la zona de distensión que controla la guerrilla, el Gobierno de Pastrana y las FRAC reiniciarán las negociaciones de inmediato con el fin de lograr un intercambio de prisioneros. No es poca cosa, en momentos en que el enfrentamiento parecía irremediablemente encaminado hacia la guerra total.

En Ecuador, Venezuela y Perú hay temor y creciente preocupación por la repercusión que ya está teniendo dentro de sus fronteras la aplicación del plan Colombia. La huida en masa de campesinos colombianos hacia Ecuador y Venezuela aumenta la tensión en los paises vecinos. A pesar de la insistencia de Washington y Bogotá en que el plan Colombia es un programa integral que no sólo afronta el problema del narcotráfico, sino también aspectos económicos y sociales, en América Latina, en especial entre los cinco vecinos de Colombia, se ve como una especie de caja de Pandora que puede afectarlos en forma directa.

El quid del asunto está asociado con el éxito del objetivo primordial del plan Colombia: la erradicación de los cultivos de coca u amapola, que junto con el secuestro son la principal fuente de financiación de la guerrilla. La experiencia evidencia que las campañas antinarcóticos en Perú y Bolivia se han traducido en un rápido crecimiento de la producción en Colombia y en la consolidación de poderosos carteles que pusieron en jaque al país. Por ello, los vecinos se preguntan si un triunfo sobre el narcotráfico en Colombia podría significarles una pesadilla si se exporta el problema a su territorio, por ello todos refuerzan militarmente sus fronteras con Colombia.

Desde que en 12/1997 se reactivara en Colombia la extradición de narcos a EEUU. quince de ellos han sido entregados a las autoridades estadounidenses y medio centenar permanece aún en las prisiones colombianas.

En Colombia, la lucha entre guerrilla, paramilitares y el Estado se efectúa con acciones sobre la población civil, más que por enfrentamientos directos. Las guerrillas han dejado de buscar bases sociales amplias de apoyo, como hicieron en sus orígenes, y hoy más de la mitad de los secuestros la realizan las FARC y el ELN y se han generalizado las “pescas diabólicas” (secuestros al azar en las carreteras). Los ataques a civiles se han incrementado y se menosprecian los daños indiscriminados en asaltos a puestos policiales. La extorsión ya no afecta sólo a capas altas: hay leva forzada de niños y jóvenes y se recurre al asesinato de quienes no cooperan o se sospecha que colaboran con el enemigo. En ciertas zonas se genraliza el clientelismo armado: con amenzas se controla a las autoridades locales y regionales.

En Colombia, el Gobierno no parece dispuesto a hacer concesiones de fondo en términos de transformación del sistema económico y político. Su marco de negociación es el desarrollo del Plan Colombia, cuyos grandes ejes son negociar la paz y erradicar los narcocultivos, y que cuenta con un apoyo sustancial de EEUU. No es extraño que los gerrilleros vean en el Plan -en principio destinado a erradicar los cultivos ilícitos- una estrategia de lucha contra ellos. Por otra parte, la recesión económica que sufre Colombia es un elemento que no favorece la paz. A la caída de los precios internacionales de los productos de exportación (como el café), se suma la creciente desconfianza por parte de los inversores extranjeros respecto a la estabilidad de Colombia. Aumentan las tasas de desempleo y la dedicación a actividades ilícitas es un medio de vida no desdeñable.

Desde el año 2000 se superan en Colombia los 15.000 asesinatos anuales y cada año se producen más de 3.000 secuestros. A finales de 2001 se cuentan más de dos millones de desplazados por la violencia. Durante los últimos cuatro años ha abandonado el país un dos por ciento de la población. Veinticinco de los cuarenta millones de colombianos son pobres (diez millones viven en la pobreza absoluta) El desempleo ronda el veinte por ciento y la economía informal afecta a la mitad de los empleados.