España denuncia el incumplimiento por parte de Gran Bretaña de la Resolución 2.429 de la ONU y del artº X del Tratado de Utrecht y decide el cierre, en la fecha, de la verja que separa del territorio español la zona de Gibraltar y, por consiguiente, el aislamiento del Peñón (hasta el 15 de diciembre de 1982). Fernando María Castiella, ministro español de Asuntos Exteriores, piensa que el aislamiento de la Roca es el mejor procedimiento para estrangular su economía y facilitar así su reintegración a España. Sin embargo, a la larga, la medida producirá el efecto contrario, pues acentuará la actitud hostil de la población gibraltareña y, sobre todo, de las nuevas generaciones que han crecido en estos años y que lo han hecho de espaldas a sus vecinos del Campo, creando de esta forma un ambiente de rechazo, frente a cualquier solución negociada del conflicto.

En los últimos años se ha lanzado una campaña desde el Foreign Office (Ministerio de Exteriores) sobre periodistas, políticos y líderes de opinión españoles para convencerles de que Gibraltar no es un problema británico sino español, y que lo que debe hacer España es ganarse la confianza de los gibraltareños permitiendo un referéndum. Lamentablemente, las posturas de las principales fuerzas políticas, son la vía de la independencia, lo que España no admite. No sólo porque lo impide el Tratado de Utrecht, sino porque un Gibraltar independiente, sin recursos, puede convertirse en un centro de blanqueo de dinero y de contrabando y narcotráfico, actividades reconocidas por el Reino Unido en la Declaración Conjunta de Bruselas de 1994 que ya están arruinando las posibilidades económicas de la zona de la Línea de la Concepción y fruto de no pocas tensiones entre Madrid, Londres y Gibraltar.

En 1997, el ministro de Exteriores, Abel Matutes, propone, para la solución del contencioso de Gibraltar, la rnisma vía que años antes había propuesto Felipe González, solución a la andorrana, pero durante un período de cincuenta años que terminaría en la recuperación de Gibraltar manteniendo sus particularidades de autogobierno y económicas. Esta salida es rechazada por los gibraltareños y, por lo tanto, por el Reino Unido, aunque oficialmente no se ha recibido de Londres ninguna respuesta. Por otra parte, Londres podría denunciar ante el Tribunal Internacional de La Haya lo desfasado del Tratado de Utrecht, pero siempre se ha negado a hacerlo, ya que puede correr riesgo su legalidad histórica por las circunstancias en que fue firmado. Las conversaciones entre España y el Reino Unido quedan de nuevo congeladas.

Peter Caruana, el ministro principal de Gibraltar, considera que en el siglo XXI no puede utilizarse el Tratado de Utrecht, firmado entre España e Inglaterra en 1713, para impedir que los gibraltareños reclamen el derecho a la autodeterminación. Caruana augura que el futuro de la colonia británica pasa por seguir manteniendo su relación con el Reino Unido, pero modificando su actual condición colonial por medio de un estatus especial, posibilidad prevista por la ONU. El jefe del Gobierno gibraltareño reconoce que, de ser español, “posiblemente” defendería posiciones similares a las de Madrid, pero insiste en reclamar a España y al Reino Unido que respeten el derecho de los 30.000 habitantes de la colonia a decidir sobre su futuro. Caruana califica de “irrelevante” el contenido del Tratado de Utrecht, y remarca que “la solución del siglo XXI (para Gibraltar) no puede ser del siglo XVIII”. A juicio del político gibraltareño, la postura de España sobre este contencioso está “caducada” y es “inaplicable”, y “se basa tan sólo en lo que se dice en una línea y media” del artículo X del Tratado de Utrecht. Este artículo señala que en el caso de que Londres renuncie a la colonia deberá ofrecer prioritariamente a España la posibilidad de recuperarla.