Las Cortes de 1626 y de 1632 quedan inconclusas ante la negativa de los catalanes a aceptar las exigencias del monarca. Sin duda, todo un éxito del marco constitucional e institucional de los catalanes, que se convertía, más que nunca, en un obstáculo para una monarquía que necesitaba cada vez más recursos. Los ministros y sus asesores jurídicos alegaban que “la necesidad no tiene ley” y que, por tanto, era necesario priorizar las urgencias del monarca por encima de las leyes de los catalanes. A menudo, el constitucionalismo catalán era incomprensible e insoportable para unos ministros acostumbrados a imponer la voluntad del soberano en otros territorios.
