El nuncio apostólico del Estado español, el húngaro Lajos Kada, emite un decreto que deja a Lleida contra las cuerdas. En este documento tan breve como contundente, se advierte a la diócesis catalana que las piezas «se han de devolver a sus legítimos propietarios» y que es necesario probar «pieza a pieza», la propiedad de las obras. Es lo que en derecho se denomina «inversión de la prueba de cargo». Es decir, no es el demandante quien ha de aportar las pruebas, sino el demandado.
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