En España, José Luis Rodríguez Zapatero, presidente de Gobierno, anuncia que a finales de mes comunicará al Congreso su intención de inicar conversaciones con ETA.

El comienzo del juicio contra Txapote y Amaia, los dos etarras acusados del asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco en julio del año 1997, ha estado rodeado de tensión. Los procesados han mantenido en todo momento una actitud de menosprecio hacia la justicia y los familiares del edil. El fiscal pide 50 años de prisión para cada uno de los acusados. Dice que mataron a Miguel Ángel desoyendo “el clamor de una sociedad que reclamaba clemencia”. Hubo un primer aplauso, y luego muchos más, mientras Txapote y Amaia seguían charlando, como si nada. (Serán condenados a 50 años de cárcel)

La desarticulación de la red de extorsión de ETA, en el marco de una investigación judicial hispano-francesa, pone de relieve que el intento de diálogo (Gobierno- ETA) que entraña el llamado «proceso de paz» no se hará a costa de permitir actuación alguna de la banda. El Gobierno lo subraya, al tiempo que reafirma su apuesta por abrir dicho proceso. Por otra parte, Arnaldo Otegui, dirigente de Batasuna, advierte que los arrestos son «ataques nítidos y frontales» al proceso de paz y el PNV lamenta que las detenciones «no ayudan» al proceso de paz.

La presión que en 2006 han ejercido las Fuerzas de Seguridad sobre los terroristas de ETA dista mucho entre España y Francia. Hasta el día de hoy en nuestro país tan sólo se han detenido a cuatro etarras en los seis primeros meses del año, frente a los 14 terroristas detenidos en el país vecino. La operación conjunta de Grande-Marlaska y Le Vert han sumado a estas cifras cinco nuevos detenidos en el lado español de la frontera y otros siete en el lado francés, lo que ha contribuido ha seguir aumentando la diferencia. Tras esta operación, entre enero y junio se han detenido a nueve etarras en territorio español y a veintiuno en el galo.

La banda terrorista difunde un nuevo comunicado repleto de amenazas. ETA no hace sino recordar el precio por dejar de matar: autodeterminación, anexión de Navarra (ellos dicen «territorialidad») y el cese de la actuación de Policía y jueces. De hecho, la banda considera un «entorpecimiento absolutamente incompatible con el proceso» la operación de los jueces Grande Marlaska y Le Vert. Los terroristas piden a Zapatero que cumpla «sus compromisos de alto el fuego garantizando el cese total de la represión», es decir, la paralización del Estado de Derecho. Desde el PP, Astarloa quiere saber qué «compromisos» son esos.

Zapatero, presidente del Gobierno español, pide «sosiego, tranquilidad y perspectiva» en el proceso de paz ante las críticas del PP.

Detenidos por orden de Marlaska dos empresarios navarros que habrían pagado a ETA. Por otra parte, desde el mes de abril se están dando en el País Vasco y Navarra diversos casos de Kale borroka (ataques a una entidad de Correos, un cajero automático, sedes de los socialistas vascos, etc) parece ser que en respuesta a la «represión» del Estado.

El presidente del Gobierno anuncia que va a abrir el diálogo con ETA con un discurso en el que marcó unas fronteras firmes pero amplias en las que debe transcurrir el debate sobre el futuro de Euskadi. Hizo el anuncio ante la prensa y no ante los diputados, tres meses después del alto el fuego. El Gobierno se sentará a hablar oficialmente con ETA en julio, con el primer objetivo de saber sus intenciones sobre dejar definitivamente la violencia. A partir de aquí, se pondrán sobre la mesa las cuestiones que afectan a los presos y a los prófugos. Reitera el presidente que «no pagará precio político» a la banda y dice que no derogará la ley de Partidos. A finales de septiembre, se informará a los grupos parlamentarios. Para que el proceso avance y pueda abrirse el diálogo político, es importante la legalización de Batasuna. Se prevé que sea este verano cuando dé el primer paso registrándose con un nuevo nombre en el Ministerio del Interior y con unos estatutos democráticos. La labor del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska no ha facilitado las cosas al Gobierno. Batasuna se ha visto acosada, con una situación más complicada en general que antes del alto el fuego. El Ejecutivo espera que pueda cambiar. Rajoy, jefe de la oposición, reitera que no apoya al Gobierno.

Reunión entre líderes del PSE y Batasuna. El PP vasco denunciará esta reunión ante los tribunales.

La ilegalizada Batasuna demanda derogar la ley de Partidos.