En este enrarecido escenario, el día 18, Calvo-Sotelo presenta su gobierno, pero en la votación del día 20 no obtendrá la mayoría necesaria para la investidura, por lo que deberá producirse una nueva votación el día 23.

El 23 de febrero de 1981, a las 18.22 horas, la joven democracia española se tambalea. Un grupo de guardias civiles, encabezado por el teniente coronel Antonio Tejero, asalta el Congreso de los Diputados mientras se está votando la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo coma nuevo presidente del gobierno español y anuncia la llegada de una “autoridad competente militar”, mientras retiene a los diputados como rehenes. Unidades del ejército ocupan las instalaciones de TVE y la división acorazada Brunete está en alerta, mientras en la ciudad de Valencia, el general Jaime Milans del Bosch saca los tanques a la calle. La incerteza acerca de la dimensión del intento dura hasta que a medianoche, el rey JUAN CARLOS I aparece por televisión y como capitán general del ejército, manda a los insurrectos que desistan. Los principales mandos comprometidos obedecen la orden real y la normalidad es ya total menos de veinticuatro horas después de haber comenzado la intentona. Alfonso Armada, general de confianza del rey, es condenado como uno de los inductores del golpe. Este hecho debilitará más tarde el Gobierno y el partido en el poder.

El golpe de estado de 1981 se encuentra estrechamente relacionado con los acontecimientos vividos durante la Transición española. Cuatro elementos generan una tensión permanente, que el gobierno de UCD no va a lograr contener: 1) los problemas derivados de la crisis económica, 2) las dificultades para articular una nueva organización territorial del Estado, 3) las acciones terroristas protagonizadas por ETA y 4) la resistencia de ciertos sectores del ejército a aceptar un sistema democrático.

Tras el golpe quedan algunos interrogantes, especialmente referidos al papel que ha jugado cada uno de los principales golpistas y especialmente a las intenciones y apoyos de Armada. Las consecuencias más destacadas son el inicio de un proceso de involución autonómica con la aprobación de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), posteriormente declarada inconstitucional, y que la monarquía sale poderosamente reforzada entre la población y los medios políticos. En el juicio seguido con posterioridad ante el Consejo Supremo de Justicia Militar, conocido como el juicio de Campamento serán condenados a 30 años de reclusión, como principales responsables del golpe de Estado, Milans del Bosch, Alfonso Armada y Antonio Tejero Molina. La trama civil del golpe nunca será investigada de modo riguroso, siendo el único civil condenado el ex dirigente de los Sindicatos Verticales franquistas Juan García Carrés.

Manifestaciones multitudinarias en todas las capitales españolas en apoyo del sistema democrático y de rechazo del intento de golpe de Estado del 23 de Febrero. En Madrid se manifiestan 1.200.000 personas.