Estado de excepción en el País Vasco en el mes de abril de 1975

La duplicidad de organizaciones operativas bajo las siglas de ETA lleva a una escalada en los meses postreros del franquismo que es contestada con la ya habitual represión gubernativa. Al estado de excepción del mes de abril le sucede la Ley antiterrorista del 26 de agosto.

La dictadura franquista termina como ha empezado, dando represalias a todo aquel que se le opone. En virtud de la Ley Antiterrorista del 26 de agosto -que condena a la pena capital todo asesinato político- 11 terroristas (8 del FRAP y 3 de ETA) juzgados en Madrid, son sentenciados a muerte. Antes que las sentencias se ejecuten es necesario el visto bueno del dictador y del presidente del gobierno. Como en el proceso de Burgos, otra vez la solidaridad internacional con los condenados es impresionante, desde el papa Pablo VI hasta los regímenes democráticos europeos, y en esta ocasión también se suceden manifestaciones populares por toda Europa.

El final del dictador, con su postrero adiós de juicios y ejecuciones, vuelve a hacer de ETA la referencia simbólica y política dominante para toda una serie de núcleos, organizaciones populares, movimientos culturales pro euskaldunización, desprovistos de marco político central y válido para las nuevas formas de lucha que con la reforma política se prevén. A otro nivel, ETA ha conseguido que las organizaciones no nacionalistas asuman no pocos de los planteamientos culturales, ideológicos y políticos del nacionalismo. La llamada “cuestión nacional” se ha convertido en un imán para todas las organizaciones antifranquistas y el derecho de autodeterminación para las nacionalidades es teorizado y defendido por todas las alternativas políticas de izquierdas.

La frustración derivada del primer indulto de la época monárquica hace arreciar en el País Vasco las movilizaciones pro amnistía convirtiendo esta reivindicación en la de mayor consenso y peso político hasta diciembre de 1977, fecha de excarcelación de Fran Aldanondo, el último preso político de aquel periodo.

VII Asamblea de ETA: ETA (p-m) se desdobla en una organización armada ilegal y en un partido político que actúa en la legalidad, EIA, futuro Euskadiko Ezkerra. La lucha militar queda subordinada a la electoral: ETA (m) no acepta este planteamiento, ni la subordinación a la política parlamentaria.

Huelga general en la ciudad alavesa convocada para protestar por el despido de unos setenta trabajadores del sector del metal. Inmediatamente varias empresas, en solidaridad con los despedidos, empiezan a parar y se organiza una manifestación a la que se unen los transportistas, los profesores no numerarios y los estudiantes. Ese mismo día 2 de marzo, 22 trabajadores de la empresa “Portland Alavesa” son despedidos. Los piquetes de los manifestantes se organizan para incitar al cierre de todos los locales comerciales. Se producen, entonces, duros enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que provocan tres muertos y centenares de heridos.

Se celebra el funeral por los tres trabajadores que mueren en los enfrentamientos con las fuerzas del orden el pasado día 2. Cerca de 50.000 personas asisten al acto y las manifestaciones de duelo, a menudo acompañadas de paros laborales, se extienden por todo el norte y centro del país.

La polarización de gran parte de la dinámica política en torno al binomio ETA-Represión gubernativa, que tiene raíces en los últimos años del franquismo, se prolonga a través de las luchas pro amnistía y en favor de las libertades democráticas, con un fuerte protagonismo de las movilizaciones de masas. Todo ello está acompañado y contextualizado por una especial dureza represiva gubernativa manifestada en intervenciones sistemáticamente violentas de las FOP, y también por acciones de las dos ETAS, como los asesinatos de los secuestrados Ángel Berazadi en abril de 1976 y Javier Ibarra en junio de 1977, que preludian su posterior escalada activista-sangrienta durante el resto de la Transición y consolidación democrática en las que la muerte se irá haciendo ritual habitual.

Los “Sucesos de Montejurra” tienen lugar el 9 de mayo de 1976, en los inicios de la transición, en la romería anual que desde los años cuarenta del siglo XX los carlistas seguidores de Javier de Borbón-Parma realizan en el monte navarro de Montejurra. Durante la romería, tiene lugar un atentado terrorista contra el Partido Carlista, organizado por el franquismo político que aún controla los resortes del Estado y los sectores ultraderechistas del carlismo, agrupados en torno a Sixto de Borbón-Parma, hermano del pretendiente carlista Carlos Hugo y enfrentado a él. En los sucesos de Montejurra toman parte también terroristas neofascistas italianos y argentinos. En los incidentes resultan muertos dos personas, participantes en la romería (Ricardo García Pellejero y Aniano Jiménez Santos), y hay varios heridos.