El procedimiento que se sigue en las Cortes españolas se explica por los planteamientos e intereses de los principales partidos representados en las Cortes-el Partido Radical y el Partido Republicano Federal- que no quieren disolverlas: los radicales, anteriormente monárquicos, pretenden hacer valer su mayoría de diputados para hacerse con el poder y establecer una república unitaria; los líderes del partido republicano, por su parte, desean conservar el control de la situación, ante el temor de una explosión de federalismo que rompa los lazos existentes entre el gobierno central y los pueblos y provincias. Radicales y republicanos federales se reparten el gobierno. Cuatro ministros de la monarquía pasan a serlo de la república. Republicanos son también los ministros de Gobernación, Francisco Pi y Margall; Gracia y Justicia, Nicolás Salmerón y Alonso, y Estado, Emilío Castelar, que habrán de ocupar sucesivamente la presidencia ejecutiva de la república, a lo largo de aquel año. La presidencia de la Asamblea ha sido para el radical más activo e influyente, Cristino Martos. Las disensiones dividen muy pronto el heterogéneo ministerio.

Emilio CASTELAR, es diputado desde 1868. Nacido en Cádiz, quizá sea el más celebre orador español de los últimos siglos. Abogado, fue catedrático de la universidad de Madrid. Periodista de fuste, escribió en varias revistas y fundó “La Democracia”, portavoz de sus ideas republicanas. Tuvo que huir a Francia de donde regresó al triunfar la “Gloriosa”. Emilio CASTELAR reconoce, el mismo 11 de febrero, que la república no ha llegado a España gracias a la presión, a la fuerza de sus partidarios, sino como consecuencia de la debilidad y el colapso de la monarquía: Nadie ha destruido la monarquía en España, nadie la ha matado; la monarquía ha muerto por una descomposición interior.

La noticia del cambio de régimen da lugar a la formación de numerosas juntas revolucionarias y a la disolución de los anteriores ayuntamientos monárquicos. Además, se producen graves alteraciones del orden público: los retratos de Amadeo de Saboya y otros símbolos monárquicos son destruidos, muchas dependencias del Estado -como la Aduana de Málaga- incendiadas, y numerosas personas y propiedades atacadas. Los sucesos más violentos tienen lugar en Montilla (Córdoba), donde, el 12 de febrero, grupos armados y ebrios toman el Ayuntamiento, queman los archivos y matan a varios empleados municipales; el mayor contribuyente de la localidad, Francisco Solano Riobóo, es asesinado cuando trata de huir de su casa a un patio vecino. Al margen del movimiento político y del control del partido republicano, la imagen popular de la república federal contiene, como dice el historiador británico Hermessy, “un elemento mesiánico que para los jornaleros andaluces significa la satisfacción de sus ansias de tierra y de reemplazar la opresión del cacique por el reino de la justicia social”.

AMADEO I y su familia marchan hacia Lisboa, donde embarcan dirección a Burdeos y de allí a Italia, donde vivirá al margen de la política hasta su muerte.

Pero esta victoria no acaba de gustar a los republicanos federalistas radicales que mandan en Barcelona. Estos creen que se ha de ir inmediatamente a una República Federal y que es necesario construir, cuanto antes, el Estado Catalán. Así, intentan por tres veces proclamar en Barcelona el “Etat català”, el 12 de febrero, el 21 de febrero y el 8 de marzo. Estanislao FIGUERAS, presidente de la República, se enfrentará con ellos y les hará desistir de su empeño a cambio de la disolución del ejército en Catalunya.

El carlismo es mucho más que una disputa dinástica que ha añadido a su bandera la reivindicación de los Fueros. Es un movimiento contrarrevolucionario, que se ve alimentado por la profundización en la revolución que supone el establecimiento de una república laica, cuyo proyecto federal parece amenazar la unidad de España, y que para muchos de sus partidarios, en los sectores más insatisfechos de la sociedad, significa el reparto de la tierra y el triunfo de los pobres sobre los ricos. Los carlistas se presentan a sí mismos como los “bomberos de la revolución”, los únicos capaces de restablecer el orden, asegurar la integridad de la nación, mantener la continuidad de su tradición católica, y defender vidas, propiedades y buenas costumbres.

Mucho más próxima y preocupante es la constante presión ejercida por el ejército carlista que, al advenimiento de la república, domina la mayor parte del País Vasco y Navarra y extensas zonas de Catalunya, Aragón y Valencia, con ramificaciones en Castilla y el Cantábrico. Lejos de abandonar la lucha, los carlistas se sienten reforzados por la nueva situación. “¡La campaña comienza desde hoy!”, afirma el carlista Antonio Dorregaray, capitán general de la región vasconavarra, al entrar en España, el 16 de febrero, procedente de su exilio en Francia. “España dice que muere, ¡con que a salvarla, voluntarios!”, proclama don Carlos.

La nueva situación todavía agrava más las divisiones entre los federales. Mientras tanto, el gobierno de Madrid, apoyado por los federales moderados, intenta evitar un nuevo movimiento juntista. En Barcelona, la situación de inestabilidad creada por la deserción del capitán general es utilizada por los federales intransigentes y algunos núcleos obreros para organizar movilizaciones. A partir del 20 de febrero, se celebran manifestaciones para pedir medidas sociales y que la Diputación de Barcelona se constituya en una Convención del estado de Catalunya. Proclamada la República, se hacen manifestaciones y proclamas que exigen construir una república federal ‘desde abajo’. Se pronuncian a favor los federales de Barcelona y varios ayuntamientos, como los de Rubí y Gràcia.

Recién proclamada la I República en España, se produce una intentona de toma del poder por parte del general Gaminde, gobernador militar de Barcelona, en posible connivencia con carlistas o alfonsinos. Fracasada la asonada, la Diputación se hará cargo del mando castrense.

En España, la abolición de las quintas es una de las reivindicaciones de los grupos demócratas y republicanos a lo largo del siglo XIX. Finalmenson abolidas el 22/2/1873.