La extensión del conflicto de Darfur a Chad está poniendo en peligro el proyecto sobre la utilización de los recursos petrolíferos, un modelo diseñado por el Banco Mundial que pretende que el escaso beneficio – el 12,5%- que las compañías extranjeras explotadoras dejan al país sea utilizado para luchar contra la pobreza. De momento, el gobierno considera prioritaria la “defensa nacional” y ya ha gastado parte de este dinero en armas.

El conflicto de Darfur se extiende como una mancha de aceite hacia el interior de Chad, donde, en las últimas semanas, decenas de miles de personas han huido de los pueblos fronterizos debido a los ataques de las milicias yanyauid, apoyadas por el Gobierno de Sudán. Esta es una crisis antigua en la que se mezclan intereses sobre la explotación del petróleo y la lucha por el territorio debido al desplazamiento de los pueblos del norte en busca de pastos y agua: las repercusiones que tiene el cambio climático sobre la vida concreta de la gente se perciben en este caso de un modo concreto, así como las consecuencias nefastas que para los países pobres tiene la perversa explotación de los recursos de la que son objeto por parte de las grandes compañías en el marco de la economía global.

Desde que ha empezado la crisis de Darfur, la comunidad internacional ha sido incapaz de consensuar un plan eficaz de actuación para frenar las masacres de civiles y el desplazamiento de cientos de miles de personas. Los intereses sobre el petróleo de los países industrializados y la competitividad que mantienen las grandes potencias, especialmente China, para mantener la explotación, hacen que la ambigua relación con el gobierno islámico de Jartum, responsable de las masacres en Darfur, impidan consensuar un plan de actuación eficaz que cuente con la decisión firme de la comunidad internacional.

El régimen de Jartum (Sudán), que se ha mostrado siempre en contra del despliegue de tropas de paz de la ONU en la región de Darfur, ha aceptado, en la fecha, la propuesta de despliegue de la ONU, aunque condicionado a que el mando de la fuerza y la mayor parte de los soldados sean africanos. La guerra civil, ha causado hasta el momento 200.000 muertos y 2,5 millones de desplazamientos. Jartum ha rechazado hasta ahora la propuesta de enviar 20.000 efectivos de la ONU aprobada por el Consejo de Seguridad. Esta fuerza reemplazaría a los 7.000 militares de la misión de la Unión Africana que ya operan en la región, pero finalmente la ONU ha tenido que aceptar una considerable rebaja en la cifra de soldados y la concesión de ayuda técnica y financiera al Gobierno. Annan ha declarado que la misión conjunta de la ONU y la UA tendrá un despliegue en tres fases hasta que finalmente la fuerza de paz tenga un mínimo de 17.300 militares, 3.300 policías civiles y 16 unidades policiales adicionales. Varios países han pedido sanciones contra Sudán si impide desplegar la fuerza de paz.

En la cumbre Francia-África de cannes, Sudán se opone al despliegue de cascos azules.