ETA acaba con la vida del concejal del PP en Rentería, Manuel Zamarreño.

El nuncio apostólico del Estado español, el húngaro Lajos Kada, emite un decreto que deja a Lleida contra las cuerdas. En este documento tan breve como contundente, se advierte a la diócesis catalana que las piezas «se han de devolver a sus legítimos propietarios» y que es necesario probar «pieza a pieza», la propiedad de las obras. Es lo que en derecho se denomina «inversión de la prueba de cargo». Es decir, no es el demandante quien ha de aportar las pruebas, sino el demandado.

El obispo de Lleida, sin contar con la ayuda de ningún gabinete jurídico institucional, recurre el decreto de Lajos Kada ante la Congregación de los Obispos. El recurso es sencillamente rechazado. Y rechazado quiere decir que Roma no llega ni a estudiar las pruebas que presenta Lleida. El problema es que el conciliador Malla ha puesto por escrito que las obras de arte son de las parroquias segregadas y que Lleida las tiene en depósito. Ante este hecho, Roma no tiene nada más que decir: si son de las parroquias que se les devuelva y listos. Malla vuele a recurrir pero esta vez ante la Signatura Apostólica. Nada de nada. Y Malla se jubila.

En medio de la situación social generada tras el asesinato de Miguel Angel Blanco y el estancamiento de la mesa de Ajuria-Enea, se firma, el 12 de septiembre de 1998 en Estella, el llamado pacto de Lizarra/Estella entre el PNV, EA, EH, IU-EB, los sindicatos ELA y LAB y organizaciones como Elkarri con la intención de avanzar hacia una nueva situación política en el país vasco.

El 16 de septiembre de 1998, la banda terrorista ETA anuncia un «alto el fuego unilateral, total e indefinido» por primera vez por la organización terrorista en sus treinta años de existencia. ETA se muestra dispuesta a dejar las armas a cambio de un considerable aumento de la soberania de Euskadi. La tregua es el resultado de un acuerdo sellado por ETA con PNV y EA. No obstante, señala que la continuidad de esta tregua la marcarán «los acontecimientos y pasos que desde este momento se den». Cuatro días antes del anuncio, los partidos nacionalistas vascos (PNV, EA, EH (antes HB), IU y 19 organizaciones sociales y sindicales vascas habían firmado la Declaración de Lizarra, en la que se comprometían a emprender juntos el camino de lucha, con métodos pacíficos, por la «construcción nacional de Euskadi en las instituciones democráticas». Aunque en un primer momento el Gobierno de José María Aznar se mostró escéptico, el Ejecutivo mostró posteriormente su disposición a dialogar con representantes de la banda terrorista.

José María AZNAR responde en Lima al anuncio de tregua que ha ofrecido ETA, y pide hechos y no declaraciones, al tiempo que reclama lealtad a la Constitución y el Estatuto. Sin embargo, el gobierno del PP se manifiesta abierto a negociar.

Augusto PINOCHET llega a Londres para operarse de una hernia. La persistente actuación de los familiares y víctimas de su dictadura acaba por propiciar su procesamiento en España por parte del juez Baltasar Garzón.

Como reacción a los espíritus de Barcelona y Lizarra, surgió una reunión entre diversos representantes de autonomías regidas por socialistas. De allí sale la Declaración de Mérida, en la que se reafirma la unidad española y se manifiesta la desconfianza frente a los espíritus nacionalistas.

El general Augusto PINOCHET es arrestado por miembros de la Interpol en una clínica de la capital británica a instancia del juez español Baltasar GARZÓN, que pide su extradición para investigar los delitos de genocidio, tortura y desaparición bajo la dictadura militar chilena.

Cuatro meses después de haber sido aprobada (30/6/98) por el Parlament de Catalunya, el 23 de octubre de 1998 entró en vigor en Catalunya, la «Llei d’Unions Estables de Parella». Esta ley es pionera en España. Pueden ser parejas de homosexuales o de heterosexuales. Resumiendo, la Ley que ha entrado en vigor dice que la unión debe formalizarse en una escritura ante notario. En esta escritura deben figurar los derechos y los deberes que se atribuyen los miembros de la pareja y establecer las compensaciones en caso de ruptura. En caso de que uno de los miembros de la pareja muera, el otro tendrá derecho a quedarse con los enseres domésticos comunes, seguir en la vivienda durante un año, o subrogar le alquiler de la misma. Además podrá reclamar hasta una cuarta parte de la herencia legada. Lo que no podrá hacer la pareja legalizada, si son homosexuales, es adoptar niños, un derecho reservado por la ley a las parejas heterosexuales, y tampoco, en ningún caso, tendrá la consideración de familia.