Durante la I República, la separación de la Iglesia y el estado, suprime las subvenciones.

El 27 de agosto de 1953 se firma un concordato entre la Santa Sede y España impulsado por el ministro del Exterior Martín Artajo, que será clave para la política interior y para el reconocimiento internacional de España. En el concordato se reconoce la oficialidad del catolicismo, la obligatoriedad de la enseñanza religiosa, el reconocimiento pleno, a efectos civiles, del matrimonio canónigo, la inmunidad judicial y exenciones tributarias para los clérigos, y una dotación económica para el clero que será revisable según el nivel de vida. El régimen, que tiene como religión oficial la catòlica, cambia los símbolos fascistas por el nacionalcatolicismo, una ideologia ultraconservadora y tradicionalista. El artículo I de este Concordato, estipula que la Religión Católica, Apostólica, Romana sigue siendo la única de la nación española, y gozará de los derechos y de las prerrogativas que le corresponden en conformidad con la Ley Divina y el Derecho canónico. Por su parte, Franco consigue de Pío XII el derecho de representación de obispos, aunque la Santa Sede puede nombrar libremente a los obispos auxiliares.

El 3 de enero de 1979, el ministro de Exteriores de España, Marcelino Oreja, y el secretario de Estado vaticano, cardenal Villot, firman solemnemente en Roma los Acuerdos Iglesia-Estado. Con esa firma, se deroga el Concordato de 1953 y se insertan en el recién estrenado marco constitucional español las relaciones Iglesia-Estado. Previamente, en 1976, el Rey ha renunciado al privilegio de presentación de obispos. Los acuerdos parciales se refieren a cuatro apartados: asuntos económicos, educación, relaciones jurídicas y capellanes castrenses. En el acuerdo para Asuntos Económicos, la Iglesia declara “su propósito de lograr los recursos para autofinanciarse”

La aprobación de la Ley de Divorcio genera un documento de los obispos que rechazan que sea considerado “un derecho de la persona”

Guerra de los catecismos, en los que se define el aborto -regulado en 1985- como “una gravísima violación del orden moral”.

La Ley orgánica del Derecho a la Educación topa con la oposición de los obispos que apoyan una manifestación para la fecha. El arzobispo de Madrid-Alcalá, Ángel Suquía, hizo pública una nota sobre la libertad de enseñanza en la que convoca implícítamente a la manifestación organizada para el 18 de noviembre por la Confederación de Nacional Católica de Padres (CONCAPA) y otras entidades confesionales en favor de la libertad de enseñanza. El arzobispo afirma que los obispos defenderán esa libertad, “y una forma de defender las libertades son las manifestaciones, aunque éstas no son el lugar para los obispos”.

Las pastorales de los obispos recomiendan no votar al PSOE en las elecciones.

Desde 1979 en que se firmó los Acuerdos Iglesia-Estado entre España y el Vaticano, estos han sufrido algunas modificaciones. Sobre todo, los de educación y financiación. En concreto, la actualización del acuerdo económico se realiza en 1987, cuando el Ejecutivo de Felipe González decideó unilateralmente poner en marcha el sistema de la asignación tributaria, fijando el porcentaje en el 0,5239%, amén del “complemento presupuestario”.

Primer ejercicio que se aplica la “asignación tributaria”. Un 39% de los españoles opta por la casilla del 0,5% destinado a la Iglesia. El estado complementa con más de 666 millones de euros la asignación.

La Comisión Europea envía una queja al Gobierno de España por el trato de “privilegio” que recibe la Iglesia Católica a causa de las execciones fiscales, lo que “implica una discriminación frente a otras confesiones religiosas”. En virtud del Acuerdo sobre Asuntos Económicos (AAE) entre la Santa Sede y el Reino de España anterior al ingreso de España en la CEE en 1986, la Iglesia católica es la única confesión religiosa que goza de considerables apoyos financieros públicos en el Presupuesto General del Estado. Se considera que “tales beneficios fiscales son contrarios a lo que prevé la directiva europea 91/680/CE”. El gobierno español se limitará a responder que el Acuerdo con la Santa Sede constituye un compromiso previo al ingreso del Reino de España en la CEE.