El intento de la dirigentre de ETA, Dolores González Katarain, alias Yoyes, de pasar por su cuenta a la vida normal tras el exilio tiene como respuesta dos tiros en la cabeza. Es un mensaje muy claro que asegurará un alto grado de obediencia y disciplina. De ahí la discutida iniciativa del Estado de dispersar los presos de ETA para disminuir el control de la organización sobre ellos. Es famosa por haber sido la primera mujer dirigente de ETA y por haber muerto a manos de la misma organización, acusada de traición.

La presencia estable de comandos de ETA en Catalunya no se produce hasta diciembre de 1985, cuando la dirección de la organización terrorista envía a dos activistas a Barcelona para establecer la infraestructura que sirve para poner en marcha el primer comando Barcelona al año siguiente. La actividad de esta célula etarra ha marcado buena parte de la evolución del terrorismo en territorio catalán. El comando Barcelona realiza dos campañas de atentados durante los años 1986 y 1987, antes de que pueda ser desarticulado por la policía. Ese grupo es el autor del asesinato del policía Ángel González Pozo por un coche bomba en Barcelona el 14 de octubre de 1986.

Desde 1979 en que se firmó los Acuerdos Iglesia-Estado entre España y el Vaticano, estos han sufrido algunas modificaciones. Sobre todo, los de educación y financiación. En concreto, la actualización del acuerdo económico se realiza en 1987, cuando el Ejecutivo de Felipe González decideó unilateralmente poner en marcha el sistema de la asignación tributaria, fijando el porcentaje en el 0,5239%, amén del “complemento presupuestario”.

En las elecciones legislativas del 29 de octubre, el PSOE obtiene una nueva mayoría, pero ésta deja de ser absoluta (175 escaños de 350 diputados). El fracaso del recientemente constituido PP inducirá la dimisión de su presidente, Manuel Fraga Iribarne.

Felipe González es investido de nuevo presidente del Gobierno español.

En las elecciones de junio de 1993, el PSOE pierde la mayoría absoluta, por lo cual le es necesaria la colaboración de otras fuerzas del Parlamento para poder gobernar y aprobar leyes. (159 escaños contra los 141 del PP). Los partidos nacionalistas vascos y catalanes rechazan sus ofertas de coalición, pero le dan respaldo parlamentario. Y así, todo y los acuerdos puntuales con el Partido Nacionalista Vasco y otros grupos del Congreso, la estabilidad parlamentaria del gobierno la garantizarán los 17 diputados de CiU. El pacto negociado por Jordi Pujol asegura el apoyo parlamentario del Grupo Catalán en el Congreso y comporta, a cambio, una mejora en la financiación de la autonomía, la aceleración de nuevos traspasos y una política económica de fomento de la inversión. CiU retirará su apoyo parlamentario el año 1996 y Felipe González se verá obligado a convocar las elecciones generales que cambiarán el mapa político español.

El ejército mexicano moviliza a 15.000 soldados en la ofensiva contra los rebeldes zapatistas, al tiempo que dimite el ministro del Interior, Patrocinio González Garrido.

El 3 de marzo de 1996 se produce otro cambio político en España. Después de casi 14 años de hegemonía socialista, el Partido Popular de José María AZNAR gana por primera vez unas elecciones generales. El triunfo del PP ha sido generalizado a pesar de que en algunas comunidades, entre ellas Catalunya, han seguido ganando los socialistas. La diferencia de votos ha sido reducida. El PP ha conseguido 156 diputados ante los 141 que mantiene el PSOE. Al no tener mayoría absoluta, se mantiene la necesidad de pacto. Esta victoria es consecuencia de los fuertes escándalos de corrupción que han ensombrecido el gobierno  de PSOE. El PP deberá pactar con los nacionalistas catalanes para poder gobernar, pero estos se limitarán a apoyarle, sin entrar en ningún ministerio.

En 1997, el ministro de Exteriores, Abel Matutes, propone, para la solución del contencioso de Gibraltar, la rnisma vía que años antes había propuesto Felipe González, solución a la andorrana, pero durante un período de cincuenta años que terminaría en la recuperación de Gibraltar manteniendo sus particularidades de autogobierno y económicas. Esta salida es rechazada por los gibraltareños y, por lo tanto, por el Reino Unido, aunque oficialmente no se ha recibido de Londres ninguna respuesta. Por otra parte, Londres podría denunciar ante el Tribunal Internacional de La Haya lo desfasado del Tratado de Utrecht, pero siempre se ha negado a hacerlo, ya que puede correr riesgo su legalidad histórica por las circunstancias en que fue firmado. Las conversaciones entre España y el Reino Unido quedan de nuevo congeladas.