El Gobierno español ha tenido que rechazar tajantemente la propuesta del primer ministro marroqui, ABDERRAMAN YUSUFI, de negociar un nuevo estatuto para Ceuta y Melilla, ante el «espectáculo político que se vive» en ambas ciudades. YUSUFI se refiere a una serie de lamentables situaciones que han protagonizado los políticos de diversos partidos españoles -PSOE, PP, GIL- con presencia en las ciudades de Ceuta y Melilla a raíz de una serie de extrañas votaciones y de diversas situaciones de transfuguismo político.

El presidente AZNAR del gobierno español ha cortado sus vacaciones para asistir a una reunión con el nuevo rey de Marruecos MOHAMED VI -Hijo de HASSAN II-. El ejecutivo ha insistido hasta la saciedad en que la cita del presidente con MOHAMED VI nada tiene que ver con la crisis política que viven Ceuta y Melilla ni con reivindicaciones marroquies.

A lo largo de la tregua, el Ministerio del Interior decide el acercamiento, escalonado, de más de un centenar de reclusos de la banda a prisiones del País Vasco. En el único encuentro celebrado no se produjo ningún acercamiento y el 26 de agosto de 1999, ETA señala en un comunicado que el diálogo se halla bloqueado y la comunicación con el Gobierno, rota ante «la falta de discreción del Ejecutivo y el uso electoral que hace del contacto mantenido».

Chile solicita a España someter a un arbitraje internacional la disputa por la detención de PINOCHET. El gobierno español lo rechaza.

Fallece el capuchino Jordi Llimona, personaje significativo de la Iglesia posconciliar, comprometido cívicamente con Catalunya.

El litigio que los obispados de Barbastro-Monzón y Lleida dirimen en los tribunales del Vaticano por los bienes artísticos de la Franja alcanza tintes de sainete. El 16 de septiembre, el obispado de Barbastro-Monzón canta victoria y difunde a los cuatro vientos que la Signatura Apostólica le ha dado la razón. El oibispado de Lleida lo niega.

Según fuentes de la Generalitat de Catalunya, aunque la futura sentencia del Tribunal de la Signatura Apostólica fuera negativa para el obispado de Lleida, las piezas de arte reclamadas no podrán devolverse, pues están protegidas por la ley de Patrimonio, catalogadas y declaradas como colección de interés nacional. Para estas fuentes, el recurso a la vía civil correspondería al obispado de Barbastro-Monzón o a la Diputación General de Aragón, pues la Generalitat no tiene por qué hacerlo.

Expertos en historia del arte consideran, por otra parte, que si se trata de probar la propiedad de todas y cada una de las piezas, como pretende Lajos Kada en su decreto, el museo de Lleida puede certificar exhaustivamente las donaciones o incluso su compra. Según un dictamen elaborado por expertos a petición del consorcio del Museu Diocesà i Comarcal, la mayoría de las 100 piezas reclamadas por el obispado de Barbastro-Monzón fueron donadas por particulares o por párrocos, aunque también las hay depositadas sin una base documental clara que pueda acreditar su procedencia. Del mismo modo, entre las piezas reclamadas hay dos que proceden de la Seu Vella de Lleida pero que fueron a parar a Monzón cuando la catedral leridana fue convertida en cuartel militar tras la guerra de Sucesión. A finales de siglo pasado volvieron a Lleida. Según el dictamen, si se han de devolver las piezas en depósito, este supuesto sólo se cumple en el retablo de Montanui, Ribagorza aragonesa, depositado en los años 80 por el párroco. El dictamen apunta que las piezas entraron después de perder su uso litúrgico, rescatadas de sacristías y desvanes y «cedidas por los rectores sin escrito formal, para asegurar su conservación».

Josep Messeguer, el obispo que fundó en 1893 el Museo Diocesano, fue anotando en un dietario manuscrito todos los trámites seguidos a medida que iba ampliando la colección. Incluso se poseen las cartas que le enviaron los sacerdotes de las distintas parroquias comentando este tema. Varias de las obras conseguidas lo fueron a cambio de trabajos de mantenimiento que los respectivos párrocos solicitaron del obispo. Por lo tanto existen pruebas documentales que legitiman la propiedad de la mayoría de las obras reclamadas.

El obispo de Barbastro, Ambrosio Echevarría, ha de retractarse y reconocer que el obispo de Lleida está en lo cierto cuando niega la existencia del fallo del tribunal de la Santa Sede. El obispado de Barbastro admite que ha confundido con la sentencia definitiva lo que no es más que el informe del promotor de Justicia, cargo equivalente al fiscal. El informe, de diez folios y que lleva fecha del 16 de julio, recomienda a los miembros de la Signatura que «no debe admitirse a discusión ante los excelentísimos y eminentísimos jueces el recurso del obispo de Lleida porque manifiestamente carece de todo fundamento». Tanto el obispo de Barbastro como el Gobierno aragonés consideran, sin embargo, dicho informe como «muy positivo para Aragón». El obispo de Lleida, Ramon Malla, manifestó ayer que se alegraba de que el obispado de Barbastro reconociera su error.