La crispación llega a tal punto en EEUU. que los medios de comunicación y los círculos políticos radicales critican duramente al secretario de Estado, John D.Long, por descartar la responsabilidad española en el incidente del Maine. Las voces de Henry Cabot Lodge y el Secretario de Guerra de la Marina, Teodoro ROOSEVELT, insisten en la necesidad de la guerra. El presidente McKINLEY que en principio no está dispuesto a declarar la guerra, pide varias concesiones para los EEUU. de manera que se evite la guerra. Entre éstas están la negociación con los rebeldes cubanos, desmantelar los campos de concentración en Cuba y la participación de los EEUU. en las negociaciones de los rebeldes y el gobiemo español en Cuba. Los españoles prácticamente aceptan todas estas imposiciones e intentan negociar, pero los magnates americanos quieren la guerra.

El embajador Woodford, para quien Cuba es «la más rica tajada de la tierra», propone pura y simplemente un negocio de compraventa de la isla por 300 millones de dólares. Rechazada la oferta, poco o nada queda ya por hacer. McKINLEY se ve obligado a pedir permiso a las Cámaras para intervenir en Cuba.

Elecciones a diputados en España. Vencen los liberales y adictos al Ministerio con 266 escaños.

Desde Catalunya, Francesc PI I MARGALL tilda a los medios informativos que animan la respuesta militar en el caso de Cuba como de «prensa infame», pero esta afirmación, sumadas a sus peticiones de paz y a la invocación del derecho de los cubanos a su independencia, terminará costándole su escaño por Girona en las elecciones de 1898.

En los periódicos de EEUU., se ofrecen noticias de las supuestas atrocidades que cometen los españoles contra los cubanos y estas noticias van inclinando, poco a poco, la balanza a favor de la guerra. Los periódicos del Sr. Hearst envian a Cuba un gran fotógrafo, el Sr. Federico Remington (1861-1909) y este buen señor le dice a su jefe que no ha encontrado una guerra en Cuba, a lo que el Sr. Hearst le dice: «Envíame las fotos y yo produciré la guerra». Tienen a España acorralada sin escapatoria posible. El Secretario de Guerra, John Hay llama a esta guerra «una pequeña guerra que durará muy poco». Desde luego, toda guerra por pequeña que sea, tiene un alto costo en vidas.

Durante los primeros días del mes de abril es un continuo ir y venir de información entre España y Cuba. El contralmirante CERVERA, jefe de la escuadra española que en gran parte está concentrada desde hace días en el archipiélago de Cabo Verde, reune a los jefes de la misma. Todos están convencidos de que España no puede afrontar una guerra con los EEUU., que forzosamente habrá de decidirse en el mar y que, por tanto, es mejor eludir un choque. En este sentido, CERVERA escribe una carta a SAGASTA razonando su propuesta.

McKINLEY aprueba una resolución de ambas cámaras norteamericanas que es implícitamente una declaración de guerra, telegrafiando su contenido inmediatamente a Woodford para que lo comunique al gobierno español. En él se exige a España que renuncie a su autoridad y Gobierno en Cuba y que retire sus fuerzas militares y navales de la isla. Si no lo hace antes del 23, el presidente de los EEUU. actuará con el poder que le otorga su Congreso.

Tras la voladura del Maine, EE.UU. lanza a España un ultimátum que es en realidad una declaración de guerra.

Woodford recibe el mensaje de McKINLEY por la noche y prefiere esperar a la mañana siguiente para comunicarlo a SAGASTA. Pero el Ministerio de Estado español ha interceptado y descifrado el telegrama por lo que antes de que Woodford comunique oficialmente su contenido a SAGASTA éste ya se ha «adelantado» adoptando medidas que claramente indican que el estado de guerra es un hecho. SAGASTA y el ministro de Marina, contralmirante BERMEJO, temerosos de la reacción del pueblo -enardecido por la campaña bélica de la prensa de Madrid- y de los militares que luchan en Cuba, arrastra al país a una guerra sin esperanzas. Telegrafian a CERVERA insisitiendo en que la escuadra zarpe hacia Puerto Rico. De hecho cuando dan esta orden, SAGASTA todavía no ha recibido la carta de CERVERA del pasado 18.

Se suspenden las garantías constitucionales en Puerto Rico.