El Consejo de Seguridad prorrogó hoy hasta el 31 de octubre la presencia de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en Sáhara Occidental (MINURSO). En una resolución aprobada por unanimidad, el órgano de seguridad pidió al Secretario General que le presente un informe sobre el número de efectivos necesarios para que MINURSO cumpla su mandato, con miras a su posible reducción. Los miembros del Consejo reafirmaron su apoyo al Plan de paz para la libre determinación del pueblo saharahui y lo consideraron la solución política óptima entre las dos partes.

Fuerzas de paz de la ONU reemplazan a los marines estadounidenses. Gobierno de transición.

El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una resolución patrocinada por Washington y Londres en la que se establece el calendario para la celebración de elecciones y la elaboración de una carta constitucional para Irak.

Tras siete años intentando buscar una solución pacífica al conflicto saharaui, James Baker, enviado personal de Kofi Annan, para Sáhara Occidental, ha presentado su dimisión, informan fuentes diplomáticas saharauis en la ONU. Sin éxito, su conocido Plan de Paz ha sido aceptado por las partes saharauis y argelina, pero rechazado por Marruecos. Los siete años en los que Baker ha intentado buscar una solución pacífica al conflicto saharaui se han visto marcados por las frustraciones y la gran decepción que han suscitado las sucesivas negativas marroquíes a aceptar el conocido ‘Plan Baker’, especialmente en lo que se refiere a qué parte de la población tendría derecho a votar en un supuesto referéndum por la autoderteminación del territorio. El último plan de Baker, aunque no respeta la anterior garantía de la ONU de realizar el referéndum solamente entre los saharauis, fue sorprendentemente aceptado por el Polisario pero no por el gobierno marroquí, a pesar de que éste había hecho originalmente el boceto de la estructura básica del plan.

Casi 50 millones de personas esperan en la actualidad remedio a sus apremiantes necesidades sin que Naciones Unidas logre todavía que la parte rica del mundo responda a un dramático llamamiento de ayuda que formuló para 2004. Esa fue la impresionante cifra de menesterosos que la ONU calculó en 25 países declarados en crisis y para cuya asistencia anual pidió dos mil millones 950 mil dólares. Sin embargo a estas alturas sólo ha recibido contribuciones por 696 millones de dólares, de lo que se lamentó aquí la Oficina para la coordinación de los asuntos humanitarios (OCHA). Decenas de organizaciones de protección y asistencia y sus respectivos programas se encuentran operando con sólo un 23 por ciento de los fondos financieros requeridos, ya por debajo de los dos años precedentes que fue de un 33 por ciento. Entre los países con más crítico déficit en contribuciones se menciona a Burundi, Sudán, Zimbabwe, Guinea, Sierra Leona, Costa de Marfil, Indonesia y Madagascar. La OCHA es un mecanismo creado hace una década por la Asamblea General de Naciones Unidas para garantizar estrategias y coordinar respuestas a crisis.

Colin Powell (EEUU.) y Kofi Annam (ONU) han viajado hasta Sudán para conocer «in situ» el conflicto del territorio de Darfur en dónde se enfrentan musulmanes contra musulmanes. Este conflicto ha sido la causa de un millón de desplazados y 10.000 muertos en 14 meses. Este territorio se halla a las puertas de una gran hambruna. Sin embargo, Jartum niega su implicación a pesar de que la ONU y la Unión Africana (UA) denuncian los constantes ataques del ejército sudanés y de los janjawid.

La Administración BUSH proyecta que el Consejo de Seguridad de la ONU adopte una resolución que dé pie a una intervención en Sudán, a lo que se opone China, Rusia y Francia. La tentativa de la ineficaz Unión Africana de que el Gobierno de Omar al-Bashir y los jefes rebeldes lleguen a un acuerdo ha fracasado, entre otras razones, por su exigencia de alcanzar una plena autonomía regional y percibir el 15% de los ingresos de la explotación del petróleo, iniciada en 1999 por las compañías extranjeras. El MPLS -el principal grupo rebelde- ha pedido el envío de tropas extranjeras para garantizar la distribución de la ayuda internacional a la población. En los países árabes se repite la misma historia de Irak. Nadie ha levantado la voz para denunciar las atrocidades cometidas contra las tribus de Darfur, como antaño nadie lo hizo cuando los kurdos eran aplastados por Saddam Hussein. Pero todos se han percatado ahora de que la intervención planeada tiene como principal objetivo desintegrar Sudán, pese a que su régimen, bajo las presiones estadounidenses, ha modificado su rumbo político en los úiltimos años, tras la expulsión de Ossama Bin Laden.

La ONU pidió 349 millones de dólares para actuar en Sudán, pero sólo ha recibido 161 millones. Otros 80 millones pueden incrementar la cuenta en breve pero aún faltarían unos cien millones de dólares.

El Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado, en la fecha, una resolución que exhorta al gobierno de Sudán a desarmar a las milicias árabes en la región de Darfur, en el oeste del país. En la resolución del Consejo de Seguridad, se cambia «sanciones» por «medidas». Para ello le da un plazo de 30 días, y si el gobierno sudanés no cumple, el organismo de la ONU se reserva el derecho de aplicar «medidas» económicas y diplomáticas. La resolución es apoyada por 13 de los 15 miembros del Consejo. China y Afganistán optan por abstenerse. El Consejo requiere que los responsables de las matanzas en Sudán sean detenidos y juzgados. Le solicita además al Secretario General de la ONU emitir un informe en 30 días sobre los progresos alcanzados. Se estima que unas 50.000 personas han muerto y más de un millón ha abandonado sus hogares en Darfur a causa de la violencia protagonizada por las milicias Janjaweed, allegadas al gobierno de Jartum. Además, se calcula que alrededor de 2.200.000 personas necesitan asistencia alimenticia y sanitaria urgente. Según analistas, son necesarios entre 15.000 y 20.000 efectivos para poder detener las masacres en Darfur, que tiene el tamaño de Francia.

El Consejo de Seguridad de la ONU amenaza al Gobierno sudanés con sanciones a su sector petrolero.