De acuerdo con el Estatuto de Autonomía y la \»Ley Orgánica de Reforma Universitaria\» de 1983, la Generalitat abre este año las aulas la Universidad de Vic y la Universidad Internacional de Catalunya. Además, se ha ampliado la oferta de las universidades que ya existían: la Universitat de Barcelona, la Universitat Autónoma de Barcelona y la Universitat Politécnica de Catalunya.

En Catalunya, la ley actual sobre la ordenación lingüística del catalán se aprueba, en la fecha, con los votos de CiU, PSC e ICV. En los colegios, el catalán es la lengua vehicular de enseñanza y el castellano se trata como asignatura obligatoria.

Para que finalmente puedan llevarse a cabo las obras de reconstrucción del Liceo es necesario que en enero de 1997 los miembros del Círculo del Liceo cedan la propiedad del teatro a las Administraciones públicas, representadas por el Consorcio del Liceo. Aunque retienen algunos de los privilegios que han disfrutado en el pasado, en la práctica dejan de ser los dueños de su propio icono.

En 1998 entra en vigor una nueva Ley de Política Lingüística que, a diferencia de la anterior, no se aprueba por unanimidad y provoca una buena polémica. La nueva ley pretende ampliar el uso del catalán en los medios de comunicación, la industria y el comercio.

En este año, 1998, se ha formalizado el proceso de beatificación de Antoni GAUDÍ

El PSUC ha sufrido varias fracturas después de 1981; la última en 1998. Actualmente forma parte de la iniciativa de la Federación de Cataluña (IC) y se define como «izquierda de transformación».

La mejora de la coyuntura económica internacional ayuda a superar la crisis de principio de la década de los 90. Varios elementos contribuyen a una situación económica que el mes de mayo del 1998 reduce la tasa de paro en Catalunya por debajo del 8%. En los últimos años ha habido un aumento de la inversión de capitales extranjeros a las empresas españolas y catalanas y el gobierno ha impulsado un proceso de privatización de empresas públicas. Además, la rebaja del precio del dinero ha reducido los tipos de interés del crédito. Todos estos factores han ido acompañados de un auge de determinados sectores como el del turismo o el de la producción de bienes de consumo, junto a la creación de grandes infraestructuras de transporte o de telecomunicaciones.

El nuncio apostólico del Estado español, el húngaro Lajos Kada, emite un decreto que deja a Lleida contra las cuerdas. En este documento tan breve como contundente, se advierte a la diócesis catalana que las piezas «se han de devolver a sus legítimos propietarios» y que es necesario probar «pieza a pieza», la propiedad de las obras. Es lo que en derecho se denomina «inversión de la prueba de cargo». Es decir, no es el demandante quien ha de aportar las pruebas, sino el demandado.

El obispo de Lleida, sin contar con la ayuda de ningún gabinete jurídico institucional, recurre el decreto de Lajos Kada ante la Congregación de los Obispos. El recurso es sencillamente rechazado. Y rechazado quiere decir que Roma no llega ni a estudiar las pruebas que presenta Lleida. El problema es que el conciliador Malla ha puesto por escrito que las obras de arte son de las parroquias segregadas y que Lleida las tiene en depósito. Ante este hecho, Roma no tiene nada más que decir: si son de las parroquias que se les devuelva y listos. Malla vuele a recurrir pero esta vez ante la Signatura Apostólica. Nada de nada. Y Malla se jubila.

Cuatro meses después de haber sido aprobada (30/6/98) por el Parlament de Catalunya, el 23 de octubre de 1998 entró en vigor en Catalunya, la «Llei d’Unions Estables de Parella». Esta ley es pionera en España. Pueden ser parejas de homosexuales o de heterosexuales. Resumiendo, la Ley que ha entrado en vigor dice que la unión debe formalizarse en una escritura ante notario. En esta escritura deben figurar los derechos y los deberes que se atribuyen los miembros de la pareja y establecer las compensaciones en caso de ruptura. En caso de que uno de los miembros de la pareja muera, el otro tendrá derecho a quedarse con los enseres domésticos comunes, seguir en la vivienda durante un año, o subrogar le alquiler de la misma. Además podrá reclamar hasta una cuarta parte de la herencia legada. Lo que no podrá hacer la pareja legalizada, si son homosexuales, es adoptar niños, un derecho reservado por la ley a las parejas heterosexuales, y tampoco, en ningún caso, tendrá la consideración de familia.