Con varios precedentes (Triple A o Batallón Vasco-español), en 1983 empiezan a actuar los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). Su objetivo es combatir ETA con las mismas armas: el secuestro y el asesinato. Las actuaciones de los GAL hasta su desaparición comportarán 28 muertes, la mayoría etarras que vivían al sur de Francia. Una larga investigación judicial sobre la implicación del estado en la organización de estos grupos conducirá a varios sumarios en qué se verán implicados policías y altos cargos del Ministerio de Interior de los primeros gobiernos socialistas. En 1998, el juicio sobre un secuestro considerado como la primera acción de los GAL condena a la prisión al exministro de Interior, José Barrionuevo, y el exsecretario de Estado, Rafael Vera.

Se aprueba en Valencia la normativa lingüística con la abstención de Alianza Popular. En los colegios públicos se podrá elegir entre el valenciano y el castellano, pero la oferta en la lengua cooficial no cubrirá la demanda.

Uno de los grandes objetivos del primer gobierno autonómico es abrir un proceso que difunda y asegure el uso de la lengua catalana, marginada y perseguida durante la dictadura franquista. El Parlamento de Catalunya consensúa una ley de normalización lingüística el año 1983. Se hacen campañas de aprendizaje y promoción de la lengua, se crea el Consejo Social de la Lengua Catalana, se hace el Plan General de Normalización Lingüística y se aplica la inmersión lingüística en la enseñanza.

La televisión catalana tiene un precedente que se remonta al 25 de octubre de 1963, cuando TVE de Barcelona emitió la obra de teatro en catalán \’La ferida lluminosa\’, de Josep Maria de Sagarra. Era el inicio del que sería el circuito catalán de TVE a los años 70, con programas como \’Mare Nostrum\’ o \’Giravolt\’, y que lograría su máximo esplendor el decenio de los 80. En el año 1983 empiezan las emisiones de Televisión de Catalunya (TV3) y Catalunya Ràdio, y se crea Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV). La oferta inicial se amplía con el Canal 33, Catalunya Información, Catalunya Música y las? emisiones por satélite. El objetivo de extender y normalizar la lengua catalana a través de los medios de comunicación institucionales se ha visto acompañado de una programación de calidad y de unas audiencias competitivas.

Los períodos de crisis económica comportan políticas de reconversión industrial. Aproximadamente en la fecha, en España empieza un plan de reconversión, promovido por el ministro de Economía y Hacienda Carlos Solchaga, que comporta el cierre de muchas empresas públicas y algunas de privadas (navales, mineras, siderometalúrgicas y textiles, entre otras) que arrastran grandes déficits que el estado ha de enjugar. Esta política provoca también el aumento del paro. El gobierno ofrece ayudas para la renovación tecnológica de las empresas y crea las ZUR. La reconversión industrial es de una gran dureza en algunas zonas, como por ejemplo en Asturias, que ha tenido una gran vitalidad. Las ZUR (Zonas de Urgente Reindustrialización) son aquellas zonas que como consecuencia de la reconversión industrial de los años 80, reciben una atención y unas ayudas especiales para aumentar su capacidad productiva.

Finalmente, el año 1983 el Tribunal Constitucional anula algunos artículos de la LOAPA y la ley no se aplica. El Tribunal Constitucional es la más alta instancia judicial del estado. La misión principal que tiene es dictaminar si las leyes o las actuaciones administrativas se ajustan a la Constitución. Una resolución declarada inconstitucional es nula. Tiene doce miembros propuestos por el Congreso (4), el Senado (4), el gobierno (2) y el Consejo General del Poder Judicial (2).

Finalmente, en el año 1983 el Tribunal Constitucional anula algunos artículos de la LOAPA y la ley no se aplica.

JUAN CARLOS I, rey de España, sufre uno de los más graves de sus diversos accidentes deportivos a fisurarse la pelvis mientras esquia en la estación suiza de Gstaad.

Fraude a la Seguridad Social en Barcelona, son reclamados más de 1.600 millones de pesetas. La estafa alcanza a setenta y dos empresas y a 53 personas.

Landelino Lavilla presenta su dimisión como presidente de Unión del Centro Democrático (UCD) y el Consejo Político aprueba la disolución del partido.