En la segunda mitad de 1932, las luchas entre faístas y treintistas se reprocen con gran virulencia. A partir del mes de julio, el proceso de expulsión de militantes y de sindicatos enteros se incrementa, sobre todo en Catalunya, Levante y Asturias, confirmando el predominio de los anarquistas. La aprobación de la Ley de Asociaciones Profesionales de Patronos y Obreros, preparada por el equipo socialista del Ministerio de Trabajo, implica la automarginación de la CNT -ya con más de un millón de afiliados- de la representación sindical en los organismos oficiales de negociación y mediación laboral. La nueva Ley, junto con la de Defensa de la República, contribuye a alejar aún más al anarcosindicalismo de las tácticas legales de reivindicación obrera.

El debate en las Cortes del Estatuto de autonomía para Catalunya y el desarrollo de las reformas militares contribuyen a aumentar la determinación de los conspiradores, pese a que el Gobierno les sigue los pasos. Por su parte, los responsables carlistas vuelven a negar la colaboración formal de la Comunión, pero autorizan la participación individual de sus militantes, que deben formar grupos civiles de apoyo a los golpistas, juntamente con otros elementos de la extrema derecha. Cuando, a comienzos de agosto de 1932, la policía comienza a desarticular la organización de estos grupos civiles, los militares comprometidos deciden adelantar el golpe, que se fija para el día 10 (La Sanjurjada). En Madrid, fracasan en el asalto al Ministerio de la Guerra, donde se encuentra Azaña, y en el intento de sublevar a la guarnición. En Sevilla, SANJURJO logra hacerse con el control de la ciudad y publica un manifiesto anunciando una dictadura militar, pero sin mencionar la restauración de la Monarquía. Falto de los apoyos prometidos desde otras guarniciones, y enfrentado a una huelga general convocada por los sindicatos, el general intenta huir a Portugal, pero es detenido cerca de la frontera y condenado a muerte.

Los efectos de la Sanjurjada son los contrarios de los que buscaban sus protagonistas. La izquierda gobernante refuerza sus lazos de solidaridad y saca adelante con rapidez los atascados proyectos legislativos de la Reforma Agraria y del Estatuto de autonomía de Catalunya. La derecha, con su Prensa clausurada por el Gobierno, ha de poner fin a su campaña obstruccionista. Los «accidentalistas» de Acción Popular -nombre adoptado por AN en la primavera- alarmados ante las consecuencias negativas que el fracasado golpe puede tener para su táctica de oposición dentro de los cauces legales, multiplican sus manifestaciones de acatamiento del juego democrático y aceleran la expulsión de los monárquicos fundamentalistas de su partido. Sobre éstos, alfonsinos y tradicionalistas, señalados por la opinión pública como inductores del golpe, caerán casi todas las medidas represivas previstas por la Ley de Defensa de la República. Se clausuran las sedes de sus organizaciones políticas y culturales y algunos de sus más significados órganos de Prensa, como Acción Española y ABC; muchos de sus activistas son detenidos y más de un centenar de ellos deportados al Sahara occidental; la alta nobleza, acusada de sufragar el golpe, sufre la expropiación de sus tierras por el Parlamento, etc.

No obstante, la sublevación de SANJURJO, en la que toman parte miembros del Instituto armado, despierta sospechas sobre su lealtad al régimen, por lo que se suprime la Dirección General de la Guardia Civil, tan sólo seis días después de la Sanjurjada, y se anula su dependencia del Ministerio de la Guerra a favor del control exclusivo del Ministerio de la Gobernación, a través de la nueva Inspección General del Cuerpo.

La actitud obstruccionista de la derecha nacional, que rechaza el alto techo de competencias que exigen los catalanistas y denuncia propósitos separatistas en ello, provoca honda irritación en los medios catalanistas, que la atribuyen a recelos y suspicacias sin fundamento. En las Cortes, los diputados de Esquerra Republicana denuncian que han sido engañados y la decisión de Azaña de sacar adelante el Estatuto apenas basta para mantener la cohesión del bloque gubernamental en torno al proyecto. Mientras, agrarios y tradicionalistas -éstos, de vuelta ya de su pacto con los nacionalistas vascos- movilizan en toda España a un amplio sector de la opinión pública en defensa de sus tesis unitaristas. De todas maneras, en el pueblo catalán hay el convencimiento de que lo que ha dado luz verde al Estatut, de una manera determinante, no ha sido la convicción de los diputados españoles, sino el peligro que ha representado la frustrada insurrección del general SANJURJO contra «la desmembración de España» del 10 de agosto.

El texto del Estatut de Autonomía para Catalunya aprobado por las Cortes, establece que Catalunya es constituida en «región autònoma dentro del estado español» y que el catalán y el castellano son lenguas oficiales en Catalunya. La institución de autogobierno es la Generalitat, formada por el president, el Consell Executiu i el Parlament de Catalunya. Catalunya tendrá un nivel de competencias sensiblemente inferior al establecido en el proyecto de Núria y muy pocos recursos económicos. Pero es necesario destacar algunos aspectos en los cuales la autonomía es importante: enseñanza (la Generalitat podrá crear nuevas escuelas catalanas) y el orden público interno (el govern català mandará la policia y la Guardia Civil). La articulación de Catalunya se completa con el Estatut de Règim Interior, norma aprobada por el Parlament de Catalunya en la que se reafirman algunas cuestiones que no han tenido cabida en el Estatut d’Autonomia (como por ejemplo, la afirmación de la soberanía de Catalunya y de unos principios sociales progresistas) y se definen las características de las instituciones políticas.

El Estatut otorga a Catalunya facultades legislativas y ejecutivas en materias tales como hacienda, educación y cultura, transportes y comunicaciones, etc., al tiempo, que se garantiza la autonomía lingüística. De esta forma se cierra el ciclo iniciado tras la proclamación en Barcelona de la república catalana dentro de la española, y se comienza a hablar de «región autónoma dentro del Estado español». Francesc MACIÀ, bajando el tono de sus aspiraciones proclamadas el 14 de abril de 1931, anuncia en una alocución por radio desde su despacho, que el Estatut acaba de ser aprobado en el Parlamento de la República: «Después de 218 años en que nuestras libertades fueron holladas por la fuerza, hoy las recobramos por obra del amor y de la fraternidad entre los pueblos de España». El Estatut a pesar de estar considerablemente recortado en relación al texto de Núria, es recibido con alegría en todo Catalunya.

Atendiendo a las crecientes demandas del catalanismo político, la República accederá a que se celebre un plebiscito en Catalunya para otorgar a dicha región su anhelado estatuto de autonomía. El resultado será abrumadoramente favorable (592.961 votos a favor y sólo 3.276 en contra). En el verano de 1932, el estatuto catalán se convierte en ley y se constituye un nuevo gobierno catalán: la Generalitat. El catalán y el castellano serán las lenguas oficiales.

El derecho a la autonomía de Catalunya se ha convertido en un regateo crispado que acaba en un desdibujamiento notable del Estatut votado por los catalanes. La enérgica defensa que hacen los parlamentarios catalanes (sobre todo COMPANYS y Campalans) y la intervención decisiva de un hombre tan poco sospechoso de velidades autonomistas como AZAÑA, que llega a decir que la autonomía de Catalunya es un derecho inalienable del pueblo catalán que nada más se puede conculcar «desde la óptica de la malevolencia, de la ignorancia o de la rutina» (27/5/1932), determinan que, finalmente, las Cortes aprueben, en la fecha, el Estatut de Autonomía para Catalunya por 314 votos a favor y 24 en contra. En este Estatuto, Catalunya es definida como una región autónoma dentro del Estado español.

La Ley de Reforma Agraria de 15 de septiembre de 1932 establece un inventario de tierras expropiables. La reforma agraria no se verá tampoco libre de algunas concesiones demagógicas (por ejemplo, la expropiación de todos los Grandes de España por el simple hecho de serlo), pero, sobre todo, obtendrá escasos resultados y será objeto de aceradas críticas tanto por parte de los terratenientes como de los pequeños propietarios y, muy especialmente, de las organizaciones de izquierdas.