Gran parte de los intelectuales y una buena parte del Ejército son los nuevos sectores que apoyan al republicanismo. Los primeros acuden a la llamada de una asociación denominada “Agrupación al Servicio de la República” surgida -en la fecha- tras un manifiesto de José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala y que ha sido inspirada por el filósofo. Su objetivo es movilizar a todos los intelectuales españoles a favor de la República. Sin embargo, la mayoría son contrarios a la concesión de la autonomía a Catalunya e intentarán, por ello, neutralizar el Estatut. En cuanto al Ejército, los republicanos se ven favorecidos por la existencia de una protesta generalizada en algunos de sus estamentos y por la creación de la “Asociación Republicana Militar”.

Conforme al acuerdo negociado en abril de 1931 entre el Gobierno provisional de la República y el autoproclamado Gobierno catalán, una comisión presidida por los juristas Pere Corominas y Jaume Carner han redactado en el hotel del Valle de Nuria (Girona) (de ahí el nombre de Estatut de Núria) un proyecto de Estatuto que parte del principio de soberanía y autodeterminación de Catalunya, definida como estado autónomo dentro de una España entendida como una federación de todos los pueblos hispánicos y considera el catalán como única lengua oficial en Catalunya. El Estatut, reivindica, por otro lado, la lengua catalana como la única oficial en Catalunya y todos los niveles de la enseñanza son considerados competencia exclusiva de la Generalitat. También lo es el regimen municipal, la división territorial, el derecho civil y el orden público (policia). Al margen de la valoración de los traspasos de servicios, la Generalitat cuenta como recursos, los de las antiguas diputaciones provinciales. La ponencia acaba el trabajo el 20 de junio de 1931.

El 28 de junio de 1931, con motivo de las Elecciones generales españolas, Lluis COMPANYS es elegido diputado por Barcelona. Ejercerá la jefatura en las Cortes españolas del grupo parlamentario de Esquerra, interesándose por la aprobación del Estatuto de autonomía de Catalunya, conocido como Estatuto de Nuria, con el mayor nivel posible de autogobierno, la agilización de los traspasos competenciales y la legislación agraria.

El proyecto del Estatut de Nuria es aceptado el 14 de julio por la Diputación provisional del Parlamento catalán. Inmediatamente será aprobado por el voto unánime de los Ayuntamientos catalanes.

El Proyecto de Estatutos para Catalunya, es en la fecha, sometido a referendum del pueblo de Catalunya con una participación del 75% del censo (limitado a la población masculina, de acuerdo con la legislación vigente) y con un 99% de votos afirmativos (592.961 votos). Además 400.000 firmas de mujeres se añaden a esta aceptación popular. En Barcelona, los votos negativos y la abstención llegan al 38 por 100, mientras en el resto de Catalunya representaron únicamente el 15 por 100. Así pues, hubo un texto de Estatuto catalán antes de la aprobación de la Constitución republicana española, de la misma manera que había habido república catalana horas antes de república española.

En la fecha, el Estatut de Nuria es presentado, para su ratificación, ante las Cortes españolas.

Las Cortes discutirán el proyecto de Estatut para Catalunya durante algo más de tres meses. Entre el 28 de agosto y el 15 de septiembre se debatirá en torno a la totalidad y luego, hasta el 1 de diciembre, artículo por artículo. Los debates, en ocasiones duelos oratorios de gran altura, hallarán fuerte eco en la opinión pública y servirán para clarificar las posiciones de los grupos políticos ante los grandes temas de la vida nacional.

El proyecto de Constitución que discuten los diputados establece un techo de competencias autonómicas muy inferior al que pretenden los catalanistas, y ni siquiera ha sido definida aún por las Cortes la forma de Estado, federal o unitario, que debe condicionar de modo decisivo el alcance de las autonomías. El debate autonómico se realiza entre el 22 y el 27 de septiembre y fuerza complejas negociaciones. Mientras para la minoría catalana, las competencias atribuidas a la Administración central en el proyecto constitucional impiden el autogobierno, la derecha nacional, muchos parlamentarios republicanos y socialistas e intelectuales de la talla de Ortega y UNAMUNO, afirman que las autonomías son un tema de Estado, y que su organización debe corresponder al Parlamento. Destaca la actitud opositora de un sector del PSOE, que es el primer partido del país. En las semanas anteriores, varios socialistas no se han recatado de criticar duramente el proceso autonómico impulsado por la Generalidad, tras el que ven los intereses egoístas de la burguesía local.

Pese al compromiso de AZAÑA de apoyar el acceso de Catalunya a la autonomía, su Gobierno renuncia a asumir un texto estatutario que considera inconstitucional y lo remite, para su adecuación, a la Comisión de Estatutos del Congreso de los Diputados.

Frente a las aspiraciones autonomistas de algunas regiones españolas, el Ejército se muestra como la institución más ofendida por las pretendidas reformas republicanas. Muchos militares del ejercito están alarmados ante la perspectiva de las autonomías regionales. La unidad de la patria les obsesiona. España ha perdido todas sus colonias de ultramar y la guerra de Marruecos amenaza sus ultimas posesiones. La República se propone modernizar este ejercito anticuado y con exceso de oficiales (uno por cada nueve soldados). El Ejército ve las reformas republicanas con profunda desconfianza, pero es el proyectado estatuto de autonomía catalán lo que los militares conservadores consideran como la amenaza mas inmediata.