Por fin, una nueva redacción del texto, que recoge las propuestas del centro-izquierda, es aprobada en el Pleno el 14 de octubre por 178 votos contra 59. Los artículos 26 y 27 definen a las confesiones religiosas como asociaciones sometidas a una ley especial y establecen que no serán subvencionadas por el Estado. Las órdenes religiosas que dispongan de un cuarto voto de obediencia a autoridad distinta a la legítima del Estado -caso de los jesuitas- serán disueltas y se someterá a las demás a una ley que les prohíba adquirir bienes y ejercer la enseñanza. Las propiedades del clero serán objeto de fiscalización estatal y podrán ser nacionalizadas. Queda abolido el culto público, excepto con autorización gubernativa, y se secularizan los cementerios de las diferentes confesiones.

Manuel AZAÑA asume provisionalmente la presidencia de la II República española, sustituyendo a Alcalá Zamora (14/10/1931-16/12/1931), ocupando, al mismo tiempo, el Ministerio de Guerra. Manuel AZAÑA, nacido en Alcalá de Henares, no bien terminados sus estudios de abogacía se entrega de lleno a sus las pasiones de su vida: la literatura y la política (por ese orden). Miembro desde muy joven del Ateneo de Madrid se considera a AZAÑA el paradigma del espíritu ateneísta. Aunque sin una intervención política directa, se manifiesta siempre antimonárquico, configurando una ideología política afín a los grupos de la izquierda burguesa francesa, básicamente anticlerical y fuertemente influida por la masonería.

Una vez más en la Historia de España, se trata de una Constitución impuesta, sin consenso, porque los sectores minoritarios de la derecha abandonan el Parlamento el 15 de octubre, a causa del tratamiento de la cuestión religiosa. De este modo, la mayoría de izquierdas no ve que toda Constitución democrática, destinada a establecer las reglas del juego político, debe ser un pacto o contrato que acepten todas las fuerzas políticas, si es que se quiere que pueda durar. Y para ello todos deben ceder algo para que sea la Constitución de todos. Pero no es así; las imposiciones de la mayoría del momento, constituyen errores políticos que contribuyen a que la Constitución no sea aceptada por un gran sector de la población española y acaban pasando factura más pronto o más tarde, como finalmente sucederá. Por otra parte, la absurda configuración de un ejecutivo dual, con una confusa división de competencias entre el presidente de la República y el presidente del Gobierno causará, a lo largo de la corta vida de la II República, continuos enfrentamientos entre ellos.

Durante su mandato, Manuel AZAÑA, convencido que la Iglesia y el estamento militar son fuerzas regresivas que impiden el progreso de España, concebirá y realizará la reforma del ejército, que reduce a menos de la mitad el número de oficiales, y apoyará con entusiasmo la expulsión de los jesuitas, así como otras medidas anticlericales. A pesar de estas medidas, y otras de carácter social, AZAÑA no contará con la simpatía de las izquierdas, en especial del fuerte Partido Socialista, cada vez más llevado a posiciones revolucionarias por Largo CABALLERO, que desconfía del «burgués intelectual».

Así, el día 17, Manuel AZAÑA expone en el Congreso un programa de actuación gubernamental que deja definitivamente atrás la etapa provisional y contempla las grandes líneas de un ambicioso plan de reformas. Superado el tema religioso, las sesiones parlamentarias continúan en un clima de mayor armonía entre los grupos gubernamentales, mientras la ausencia voluntaria de agrarios y vasco-navarros reduce a su mínima expresión a las fuerzas de la oposición. Así, se aprueba la legalización del divorcio y los artículos que otorgan rango constitucional a las iniciativas del Ministerio de Instrucción Pública: control estatal sobre el proceso educativo, escuela unificada y laica en el nivel primario y regulación del derecho a crear centros docentes. De esta manera, hasta el verano de 1933, bajo la coalición de partidos que preside Manuel Azaña, la República conocerá su etapa más dinámica y fructífera. La amplia mayoría parlamentaria que disfruta la izquierda gobernante permite la puesta en marcha de un ambicioso programa de reformas sociales y administrativas. Sin embargo la tarea resultará mucho más complicada de lo previsto pues se agrandará la separación entre derechas, que creen que las reformas son demasiado radicales y atrevidas, e izquierdas que creen que son demasiado moderadas y lentas.

Sin embargo, el temor a que un deterioro progresivo del clima social incremente los problemas de orden público y, sobre todo amenace la estabilidad del sistema democrático, mueve al Gobierno AZAÑA a presentar a las Cortes, como una de sus primeras iniciativas, una Ley de Defensa de la República que legitime las actuaciones del Ejecutivo contra los elementos radicales. La ley, presentada a las Cortes con carácter urgente, es aprobada casi sin discusión el 20 de octubre de 1931. Su texto define como actos de agresión a la República: la incitación a la resistencia o desobediencia a las leyes o a la fuerza pública; la comisión o incitación de actos de violencia por motivos políticos, religiosos o sociales; la difusión de noticias que perturben la paz social; la apología del régimen monárquico; la tenencia ilícita de armas de fuego y explosivos; las huelgas salvajes y la coacción laboral; las subidas injustificadas de precios y la negligencia profesional de los funcionarios públicos. Pero la sola existencia de esta Ley, combatidísima por la oposición, demuestra que algo no marcha bien en la joven democracia española para que el Gobierno tenga que protegerse de esa manera.

Continuando con su afición a los trabajos en la prensa escrita que había iniciado en su juventud, Lluis COMPANYS, desde noviembre de 1931 hasta enero de 1934, dirigirá La Humanitat, el órgano oficial de ERC.

Aparece en España, el primer número de Mundo Obrero, órgano oficial del PCE

El día 26 de noviembre se votan los últimos Títulos de la nueva Constitución, que hacen referencia a los órganos de representación de gobierno del Estado y a las garantías y proceso de reforma de la Constitución.

En diciembre de 1931, el Partido Republicano Radical abandona el gobierno de Azaña por estar en desacuerdo con la continuidad de la coalición republicana-socialista que lo sustenta y a partir de entonces lidera la oposición parlamentaria desde el centro-derecha, lo que le servirá para atraer a ciertas figuras políticas moderadas que eran monárquicas antes de la Dictadura de Primo de Rivera, como Santiago Alba.