Uno de los acuerdos firmados entre China National Petroleum Corporation y Petróleos de Venezuela establece la adquisición de doce taladros petroleros muy especializados y la creación de una empresa conjunta para fabricarlos y aumentar la exploración en la franja del Orinoco. El rápido desarrollo económico chino necesita petróleo, por lo que Pekín desarrolla en África y Oriente Medio (Irán y Arabia Saudí son sus principales suministradores) la llamada diplomacia petrolera para asegurarse el necesario suministro. Además, el presidente de China, Hu Jintao, prometió a su invitado venezolano el apoyo a la candidatura de Venezuela para el sillón no permanente al Consejo de Seguridad de la ONU en representación de América Latina.

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) certifica que Irán sigue adelante con su programa de enriquecimiento de uranio, ignorando el ultimátum de suspensión fijado para el 31 de agosto por el Consejo de Seguridad de la ONU. Las Naciones Unidas deberán ahora deliberar sobre si dictan sanciones comerciales y diplomáticas contra la república islámica. Representantes de varios países europeos, así como Solana y Annan, sin embargo, tienen previsto quemar los próximos días el último cartucho diplomático para convencer a Teherán. Pero la postura iraní parece que no tiene marcha atrás. El director general de la agencia nuclear, Mohamed el Baradei, denuncia en su último informe técnico sobre Irán que Teherán sigue sin ofrecer la transparencia y cooperación requeridas para poder concluir la investigación de su programa atómico. Según los inspectores del OIEA, “Irán no ha suspendido sus actividades relacionadas con el enriquecimiento (de uranio) ni tampoco ha actuado de acuerdo con el protocolo adicional (del tratado de No Proliferación de armas nucleares, TNP)”.

El 9 de octubre, Corea del Norte realiza en Hwadaeri su primera prueba nuclear, de una potencia muy pequeña, lo que podría indicar nuevos fallos, que da lugar a sanciones comerciales sin uso de la fuerza militar, aprobadas en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por primera vez con los votos favorables de Rusia y China. Durante más de medio siglo, la comunidad internacional ha intentado poner fin a las pruebas nucleares, tanto por razones ambientales como de proliferación. Desde la primera prueba nuclear de julio de 1945, se han realizado más de 2.000 pruebas, al principio en la atmósfera o bajo el agua, y luego subterráneas. De ellas, 1.032 a cargo de EEUU., 715 de la antigua URSS, 210 de Francia, 45 de Reino Unido, 45 de China, tres de India, dos de Pakistán y una de Corea del Norte. Antes de Corea, las más recientes fueron obra de Pakistán, India, China y Francia, entre 1996 y 1998.

En 1996, la ONU presentó un acuerdo en materia de prohibición de pruebas nucleares (CTBT). Fue firmado por 71 países, incluidos los cinco nucleares iniciales, pero aún no ha entrado en vigor. Para ello, el CTBT requiere la ratificación de 44 estados concretos designados por su relación con actividades nucleares. De esos 44, sólo 34 han firmado, pero entre los diez que faltan, siete (China, Colombia, Egipto, Indonesia, Irán, Israel y EEUU.) no lo han ratificado, y otros tres (India, Corea del Norte y Pakistán) ni lo han firmado ni lo han ratificado. “El Consejo de Seguridad está condenando a Corea del Norte por su prueba nuclear, pero al mismo tiempo, los que condenan mantienen para ellos el derecho a hacer lo mismo, lo que es un doble estándar”,dice Blix, representante de la ONU, citando la expresión diplomática al uso para referirse a lo que se conoce como hipocresía. “Sería más fácil exigir responsabilidad a Corea del Norte si ellos mismos la practicaran y se alejaran de las armas nucleares. Son – dice- como un grupo de adultos fumadores empedernidos explicando a los niños que no deben fumar”.

Ban Ki-Moon, hasta ahora Ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, es nombrado nuevo Secretario General de la ONU por el Consejo de Seguridad. La decisión deberá ser ratificada por el pleno de la Organización.

La ONU aprueba la resolución 1718 que impone sanciones comerciales y armamentísticas a Corea del Norte, pero excluye la opción militar.

La ONU denuncia que no se respeta el embargo de armas en Somalia

En las últimas semanas, Acnur (la agencia de Naciones Unidas para los refugiados) estima que en el este de Chad el número de desplazados internos supera los 60.000, cifra a la que, dentro de Chad, debemos sumar los más de 200.000 refugiados que la ONU atiende en los 12 campos de refugiados abiertos en la frontera oriental del país. Los desplazados chadianos cuentan las mismas historias que ya vienen contando desde el año 2003 los refugiados de Darfur. Siempre el mismo escenario y similar modus operandi: milicias yanyauid, soldados árabes, atacan las comunidades africanas (negras) para quedarse con su territorio, sea por intereses del gobierno de Jartum, que quiere expulsar a las tribus negras de las zonas petroleras, sea para acceder a tierras más fértiles y pastos para el ganado, que ya no puede sobrevivir en sus territorios históricos. Los ataques se producen siempre con apoyo logístico y militar del Gobierno, que utiliza carros de combate y aviación.

La ONU despliega cascos azules en Somalia.

El régimen de Jartum (Sudán), que se ha mostrado siempre en contra del despliegue de tropas de paz de la ONU en la región de Darfur, ha aceptado, en la fecha, la propuesta de despliegue de la ONU, aunque condicionado a que el mando de la fuerza y la mayor parte de los soldados sean africanos. La guerra civil, ha causado hasta el momento 200.000 muertos y 2,5 millones de desplazamientos. Jartum ha rechazado hasta ahora la propuesta de enviar 20.000 efectivos de la ONU aprobada por el Consejo de Seguridad. Esta fuerza reemplazaría a los 7.000 militares de la misión de la Unión Africana que ya operan en la región, pero finalmente la ONU ha tenido que aceptar una considerable rebaja en la cifra de soldados y la concesión de ayuda técnica y financiera al Gobierno. Annan ha declarado que la misión conjunta de la ONU y la UA tendrá un despliegue en tres fases hasta que finalmente la fuerza de paz tenga un mínimo de 17.300 militares, 3.300 policías civiles y 16 unidades policiales adicionales. Varios países han pedido sanciones contra Sudán si impide desplegar la fuerza de paz.