Los sucesos de Casas Viejas conmocionan a la opinión pública y preocupan a la clase política, los radicales comienzan a pensar en la necesidad de colaborar con la, recientemente creada, Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) mientras que los socialistas se estremecen por los métodos usados en la represión. Casas Viejas es un verdadero exponente del antagonismo entre UGT y CNT. Las autoridades republicanas son acusadas de haber organizado la matanza. Este suceso supondrá un serio revés para el gobierno de AZAÑA. Escándalos como el de Casas viejas, la lentitud de las reformas y el creciente desempleo impulsan a los socialistas a abandonar un gobierno Azaña desprestigiado. La crisis desembocará en las elecciones de abril de 1933.

Significativamente, Indalecio PRIETO, hasta entonces el más firme partidario de la colaboración con los republicanos, pasa a defender en marzo de 1933 la salida pactada de los socialistas del Ejecutivo, a fin de evitar una posterior ruptura más violenta, y la formación de un Gobierno de concentración republicana, que mantendrá el apoyo parlamentario del PSOE. Pero la dirección caballerista del partido, deseosa de culminar la tarea que desarrolla en el Ministerio de Trabajo, se opone, alegando que ello abriría paso a la derecha antirreformista.

En la fecha, al poco tiempo de residir en Francia, punto de encuentro tras la salida de España, se hace oficial la separaciòn entre ALFONSO XIII y doña Victoria EUGENIA

A lo largo de 1933, se alcanzan los índices más altos de conflictividad laboral del período republicano. No puede descartarse en ello el hecho de que sean los meses más duros de la recesión económica, pero sin duda el espectacular incremento en el número de huelgas obedece fundamentalmente al descontento de los sindicatos ante el ritmo de las reformas y las dificultades que atraviesa la colaboración entre republicanos y socialistas. A lo largo de 1933, y después de los graves sucesos de Casas Viejas, el crédito del presidente de gobierno AZAÑA ha ido descendiendo. En las elecciones municipales de abril de este año, el voto izquierdista sufre un bajón que se ve confirmado a la hora de elegir vocales para el Tribunal de Garantías, cuando resultan derrotados los candidatos gubernamentales.

El 12 de abril de 1933, el arzobispo Isidro Gomá Tomás es nombrado Arzobispo de Toledo y Primado de la iglesia española, vacante por la dimisión del cardenal Segura. Pese a lo difícil del momento, en el desempeño de su tarea contará con el beneplácito de extensos círculos del moderantismo republicano, pero sin que su inalterable acatamiento al poder legítimamente constituido impida una enérgica repulsa contra cualquier injerencia o extralimitación de la potestad civil en el campo eclesiástico. Línea de conducta a la que conformará igualmente su difícil y arriesgada actuación durante la guerra civil de 1936.

En España, el cúmulo de medidas secularizadoras de la República es progresivamente intolerante, sobre todo en lo que afecta a los privilegios jurídicos y económicos del clero y a su ámbito educativo. La mayor oposición se produce ante la Ley de Congregaciones, que refuerza la posición del sector más combativo del clero en unos momentos en que la coalición gubernamental está en crisis y la derecha política en pleno ascenso. La carta episcopal de 25 de mayo de 1933, encabezada por el cardenal Vidal i Barraquer, condenaba todas las ingerencias y restricciones con que «esta ley de agresiva excepción pone a la Iglesia bajo el dominio del poder civil», y llama a la movilización política de los católicos contra todo lo que «amenaza a los derechos integrales de la Iglesia».

Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, aprobada por las Cortes el 2 de junio de 1933, y reglamentada por un Decreto de 27 de julio. En España, los legisladores republicanos, excesivamente apresurados en este punto, fijan el 31 de diciembre de ese año como fecha tope para el cese de las actividades docentes de los religiosos. La Iglesia católica posee 295 centros de Segunda Enseñanza, con 20.684 alumnos y 4.965 de Enseñanza Primaria, donde estudian 352.004 escolares. El Gobierno confia en levantar en pocos meses 7.000 escuelas públicas y 20 institutos nacionales de Bachillerato, que palien los efectos del cierre inmediato de los centros religiosos, sobre todo en el medio rural, y seguir luego creando escuelas a un ritmo de 4.000 por año. En la Enseñanza Media, la sustitución se realizará sin grandes problemas, pero no sucederá lo mismo con la Primaria. Aunque se improvisarán unos 10.000 maestros mediante cursillos especiales, son muchos los Ayuntamientos que por falta de voluntad o de medios no abrirán nuevas escuelas, lo que originará una considerable incertidumbre en numerosas familias.

ALFONSO, príncipe de Asturias, renuncia a sus derechos al trono para que se le permita contraer matrimonio con Edelmira Sampedro, cubana de origen español que no pertenece a ninguna familia real. ALFONSO de Borbón, primer hijo de ALFONSO XIII y de Victoria Eugenia, Príncipe de Asturias, renuncia a sus derechos sucesorios al trono de España en documento firmado, en la fecha, en Lausanne (Suiza). El Príncipe fundamenta su renuncia en que la esposa elegida por él no pertenece «a aquella condición que las antiguas leyes españolas y las conveniencias de la causa monárquica, que tanto importan para el bien de España, requerirían en quien estaría llamada a compartir la sucesión en el Trono si se restableciese por voluntad nacional», Y añadía luego con un tonillo de rebeldía: «Decidido a seguir los impulsos de mi corazón, más fuertes incluso que el deseo que siempre he tenido de conformarme con el parecer de Vuestra Majestad, considero mi deber renunciar previamente a los derechos de sucesión a la corona que, eventualmente, por la Constitución de 30 de junio de 1876, o por cualquier otro título, nos pudieran asistir a mí y a los descendientes que Dios me otorgara…». Adopta, sin embargo, el título de Conde de Covadonga.

Cuarto Gobierno de la II República española presidido por Manuel AZAÑA Díaz (12/06/1933-12/09/1933).

Lluis COMPANYS, presidente del Parlament Català, acepta la cartera del Ministerio de Marina del gobierno español presidido por Manuel AZAÑA, quizá con la finalidad de acelerar, desde la capital del Estado, el traspaso de servicios y, por tanto, el proceso autonómico. (Dimitirá tres meses después).