En octubre de 1936, la Generalitat de Catalunya recupera el control político y establece los tribunales populares, o sea, instancias judiciales civiles, destinadas a juzgar los acusados de apoyar al bando insurrecto sin necesidad de acudir a la justicia militar y evitando la represión incontrolada e indiscriminada que siguen promoviendo algunos grupos obreristas radicalizados. Y es que grupos obreristas radicalizados, especialmente faistas (de la FAI), han iniciado una represión indiscriminada e injustificada contra todo sospechoso de apoyar a los insurrectos. Han sufrido esta persecución clérigos, personas de derechas, católicos practicantes, empresarios y propietarios de tierras. Las autoridades catalanas, como el consejero Ventura Gassol, han protegido a muchas personas perseguidas, especialmente eclesiásticos, como el cardenal Vidal y Barraquer, y han intentado salvaguardar el patrimonio artístico. La Generalitat y los dirigentes de los principales grupos políticos y sindicales han intentado frenar estos excesos, pero no lo han conseguido hasta octubre
GENERALITAT DE CATALUNYA
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La Generalitat de Catalunya disuelve las patrullas de control y reforma los servicios de orden público.
La Generalitat de Catalunya disuelve las patrullas de control y reforma los servicios de orden público.
En Catalunya la CNT-FAI pierde su hegemonía en beneficio de los comunistas y del partido del Gobierno.
En Catalunya, en mayo de 1937, la CNT-FAI pierde su hegemonía en beneficio de los comunistas y del partido del Gobierno, Esquerra Republicana de Catalunya. Durante el primer período de la guerra civil el gobierno de la Generalitat asume plenos poderes para hacer frente a la situación, lo que posibilita tomar las decisiones que impone la defensa de las instituciones de Catalunya. De este modo, ante la imposibilidad de convocar elecciones legislativas, se prorroga la legislatura y la presidencia de LLuis COMPANYS.
Se produce un recorte de las atribuciones autonómicas de la Generalitat por parte del Gobierno .
Ante la gravedad de los hechos, el gobierno central -en estos momentos situado en Valencia- se hace cargo del orden público y envía fuerzas de seguridad -5.000 policias- que dominan la situación. Como consecuencia del conflicto, se produce una pérdida de la influencia política de los anarquistas a favor del PSUC, que sale fortalecido del conflicto. En cambio, el POUM sufre una violenta represión, que llega hasta la detención de los principales dirigentes. Hasta este momento, la Generalitat de Catalunya ha aumentado considerablemente sus atribuciones autonómicas. Los hechos de mayo de 1937 y sus consecuencias, comportan una disminución del poder autonómico de la Generalitat. En efecto, un decreto dispone que todos lo servicios de seguridad de Catalunya pasan a depender del gobierno de la República.
El presidente COMPANYS es ratificado en su cargo por el Parlament català.
El presidente COMPANYS, en la fecha, es ratificado en su cargo por el Parlament català. Diversos decretos posteriores confirman legalmente el retroceso autonómico que Catalunya está experimentando al recuperar Madrid, por la fuerza de la situación, poderes sobre Catalunya cedidos a través del Estatuto de Autonomía de 1932.
Decreto publicado por FRANCO en Burgos, que pone fin «legalmente» a la autonomía de Catalunya.
Decreto -de dos artículos- de esta fecha, publicado por FRANCO en Burgos, que pone fin «legalmente» a la autonomía de Catalunya: «… el Estatuto de Catalunya, en mala hora concedido por la República, dejó de tener validez, en el orden jurídico español, desde el día diecisiete de julio de mil novecientos treinta y seis… Importa… restablecer un régimen de derecho público que, de acuerdo con el principio de unidad de la Patria, devuelva a aquellas provincias el honor de ser gobernadas en pie de igualdad con sus hermanas del resto de España». En base a estos principios, el generalísimo dispone en el primero de los dos artículos: «La Administración del Estado, la provincial y la municipal en las provincias de Lleida, Tarragona, Barcelona y Girona se regirán por las normas generales aplicables a las demás provincias». En el segundo, se consideran revertidas al Estado las competencias de legislación y de ejecución. Hasta 1977 no será restablecida oficialmente la institución catalana. En el País Vasco no ha lugar una derogación explícita del Estatuto de Autonomía que las Cortes republicanas han aprobado el 1/10/1936, ya que el franquismo nunca reconoce legitimidad y juridicidad a la producción legislativa, o de cualquier otro tipo, emanada de las instituciones de la República durante la Guerra Civil.
Josep IRLA presidente en funciones del Parlament Català, sustituye a Joan Casanovas en la presidencia
Josep IRLA presidente en funciones del Parlament Català, sustituye a Joan Casanovas, como presidente de dicha institución
La disolución específica de la Generalitat es el objeto de una orden de Serrano SUÑER de esta fecha.
La disolución específica de la Generalitat es el objeto de una orden de Serrano SUÑER de fecha 15/1/1939. En virtud de esta disposición, las Diputaciones provinciales recobran los edificios y dependencias «en que se presten funciones y servicios que desempeñaba la Generalitat de Catalunya.» En cuanto a los funcionarios de la Generalitat, se respetan a aquellos que cumplían sus cargos con anterioridad a 1931, «los ingresados en el servicio con posterioridad a dicho momento, se consideran cesantes.» Lo mismo queda establecido para los funcionarios de la administración local. El personal sanitario tiene un poco más de suerte.
Tarragona cae en poder de las tropas nacionales.
Los nacionales, en un fulgurante avance desde Lleida conquistan Tarragona menos de un mes después de haber iniciado la ofensiva.
Decreto ordenando el cese de 15.000 funcionarios adscritos a la Generalitat.
Decreto del Gobierno de FRANCO ordenando el cese de 15.000 funcionarios adscritos a la Generalitat.