Se intervienen unos documentos al obispo de Vitoria, al ir a cruzar la frontera, por los que el cardenal Pedro SEGURA ordena la venta a testaferros de bienes eclesiásticos en España y el envío del producto de la venta fuera del país. Estos hechos hacen que el gobierno republicano presione ante la Santa Sede para que se le sustituya en la archidiócesis de Toledo. SEGURA, enterado de estas gestiones, se ha ido resistiendo, pero finalmente envía una carta a Pío XI poniendo a su disposición el cargo. El papa acepta el ofrecimiento y el cardenal, tras pasar por Bayona y Lisieux es incorporado a la curia pontificia donde permanecerá hasta el año 1937.

La ponencia constitucional establece en su artículo 3 la aconfesionalidad del Estado y dedica otros dos artículos -el 26 y el 27 de la Constitución- a delimitar los derechos religiosos de los españoles y la competencia del Poder público en la tutela de tales derechos. Se otorga a todas las confesiones religiosas igual trato como asociaciones sometidas a las leyes generales de la nación y se prohibe al Estado auxiliarlas económicamente. Se establece la disolución de las órdenes religiosas y la nacionalización de sus bienes y se limitan las manifestaciones del culto al interior de los templos. Asimismo, se garantiza la privacidad del derecho a practicar cualquiera o ninguna religión. Algunas de estas medidas son elementales en un Estado democrático y corrigen seculares abusos de poder de la Iglesia católica. Pero otras responden más a un deseo de ajuste de cuentas que a un ponderado propósito secularizador. El tema desencadena extraordinarias pasiones en la opinión pública y sobre la Mesa del Congreso llueven las peticiones populares en favor o en contra del texto de la Comisión.

Por fin, una nueva redacción del texto, que recoge las propuestas del centro-izquierda, es aprobada en el Pleno el 14 de octubre por 178 votos contra 59. Los artículos 26 y 27 definen a las confesiones religiosas como asociaciones sometidas a una ley especial y establecen que no serán subvencionadas por el Estado. Las órdenes religiosas que dispongan de un cuarto voto de obediencia a autoridad distinta a la legítima del Estado -caso de los jesuitas- serán disueltas y se someterá a las demás a una ley que les prohíba adquirir bienes y ejercer la enseñanza. Las propiedades del clero serán objeto de fiscalización estatal y podrán ser nacionalizadas. Queda abolido el culto público, excepto con autorización gubernativa, y se secularizan los cementerios de las diferentes confesiones.

Una vez más en la Historia de España, se trata de una Constitución impuesta, sin consenso, porque los sectores minoritarios de la derecha abandonan el Parlamento el 15 de octubre, a causa del tratamiento de la cuestión religiosa. De este modo, la mayoría de izquierdas no ve que toda Constitución democrática, destinada a establecer las reglas del juego político, debe ser un pacto o contrato que acepten todas las fuerzas políticas, si es que se quiere que pueda durar. Y para ello todos deben ceder algo para que sea la Constitución de todos. Pero no es así; las imposiciones de la mayoría del momento, constituyen errores políticos que contribuyen a que la Constitución no sea aceptada por un gran sector de la población española y acaban pasando factura más pronto o más tarde, como finalmente sucederá. Por otra parte, la absurda configuración de un ejecutivo dual, con una confusa división de competencias entre el presidente de la República y el presidente del Gobierno causará, a lo largo de la corta vida de la II República, continuos enfrentamientos entre ellos.

Definición oficial de la frontera entre Italia y la Ciudad del Vaticano.

Los republicanos y socialistas en el gobierno están decididos a reducir el poder de la Iglesia, por lo que se dedican en cuerpo y alma a la promulgación de leyes destinadas a acabar con la influencia de la Iglesia en la sociedad. Por el decreto de disolución de la Compañía de Jesús, de 23 de enero de 1932, el Gobierno se limita a dar de baja a la Compañía como asociación con personalidad jurídica en España, a disolver sus comunidades y a nacionalizar parte de sus bienes, especialmente colegios y residencias, que pasan a ser administradas por un Patronato. Contra lo que se ha dicho a veces, no se trata de una nueva expulsión de los jesuitas. Los miembros de la Compañía pueden seguir ejerciendo su ministerio en el país, pero sin vinculación a una Orden que por su disciplina y capacidad y por su cuarto voto especial de obediencia al Papa es considerada por los republicanos como altamente nociva para los intereses nacionales.

Por otra parte, en un pais donde casi la mitad de la población es analfabeta la republica tiene que romper el control de la Iglesia para crear un moderno sistema de enseñanza laica. Los proyectos iniciales se ven frenados por falta de presupuestos, a pesar de ello, en dos años se crearán más de 13.000 nuevas escuelas. Pero habría sido más prudente que la República no hubiese atacado a las órdenes religiosas, que ya disponían de buenos colegios. El cierre de los mismos plantea graves problemas de ubicación de nuevos alumnos. El decreto provoca durísimas críticas al gobierno por parte de los sectores católicos de la población, pero la política de laicismo seguirá adelante: secularización de los cementerios, prohibición de enseñar catecismo en los colegios, ley del divorcio, etc.

\»Un acontecimiento importante por su significación simbólica tiene lugar en Roma el 11 de febrero: MUSSOLINI visita oficialmente en el Vaticano al soberano pontífice PÍO XI. Es la primera vez desde la creación del reino italiano, es decir, después de sesenta y un años, que un jefe de gobierno italiano es recibido por el jefe de la cristiandad. La reconciliación de la Iglesia con la nación italiana ya es un hecho. Al mismo tiempo se ha sellado la reconciliación de la Iglesia con el Fascismo\» (L\’Ilustration 20/2/1932)

Desde 1930, tanto Eugenio Pacelli como la jerarquía católica alemana muestran su preocupación por las consecuencias del pensamiento nazi. Los obispos redactan cartas pastorales con ocasión de las elecciones, recordando los criterios morales sobre el voto y las ideas que resultan inaceptables para un católico. No puede decirse que los católicos reciben con indiferencia esas declaraciones, pues el gran ascenso nacionalsocialista se registra sobre todo, en las zonas de mayoría protestante.

1933 es el Primer Jubileo de la Ciudad del Vaticano. Es también el primer año jubilar retransmitido por la radio. Y como el Papa Pio XI ya no era «prisionero» de nada ni de nadie, volvió a visitar las basílicas jubilares, que ningún sucesor de San Pedro pisaba desde 1870. Las canonizaciones de este años fueron, entre otras: Luisa de Marillac, Bernadette Soubirous y Juan Bosco. Por otra parte, Gema Galgani y Antonio María Claret, fueron beatificados. El Año Santo extraordinario para 1933 será conocido como el de la Redención. Después de haber instituido la fiesta de Cristo Rey y de haber consagrado la humanidad al Sagrado Corazón de Jesús, en la vigilia del centenario de la muerte de Cristo el Papa anunciaba el Año Santo de la Redención. Los tiempos litúrgicos de este Jubileo fueron diversos de los anteriores. En efecto, la apertura de la Puerta Santa fue fijada para el Domingo de Pasión (y no la noche de Navidad), y la clausura para el Lunes de Pasión del año sucesivo. Pío XI creó así un gran acontecimiento religioso centrado en la figura de Cristo Redentor. Este Jubileo fue la primera ocasión, después del fin del poder temporal, en el que algunas celebraciones presididas por el Papa se realizaron fuera de la Basílica de San Pedro.