El 9 de diciembre de 1931 es aprobada en España una nueva Constitución: la de la II República. Reconoce los derechos fundamentales, permite profundas reformas sociales y económicas, separa la Iglesia del Estado y establece un sistema democrático basado en una sola cámara legislativa elegida per sufragio universal. El texto constitucional es aprobado en su conjunto por 368 votos a favor -más otros 17 ausentes, que se adhirieron después- y ninguno en contra. La derecha se abstiene.

Niceto ALCALÁ ZAMORA es elegido primer presidente de la República Española (1931-1936), sustituyendo al presidente del gobierno provisional Manuel Azaña.

Publicación del primer número de Acción Española (M.de Quintanar, Vegas Latapié, Maeztu).

Tan sólo dos meses después del primer gobierno de AZAÑA, los radicales, que aspiran a ser una alternativa centrista de gobierno y rechazan la legislación sociolaboral impulsada por los equipos ministeriales del PSOE-UGT, abandonan la coalición y rompen definitivamente la Alianza Republicana de 1926. Ello supone una nueva reducción de los apoyos políticos y parlamentarios del Gobierno, que aún disfruta de una holgada mayoría en las Cortes, pero cuyo carácter izquierdista se acentúa. AZAÑA forma el tercer Gobierno de la República, que será el de más larga vida (16/12/1931-12/06/1933). Aunque su evolución será sumamente estable en comparación con la de los restantes equipos ministeriales, no dejará de verse condicionada por las dificultades de los partidos que lo sostienen.

En España, entre los propietarios y terratenientes empieza a cundir la alarma y entre los campesinos la desilusión ante la lentitud de la Reforma Agraria. El hambre y la miseria crean las condiciones ideales para la violencia revolucionaria. Los pueblos de Castilblanco, Arnedo y Casas Viejas se convierten en exponentes claros de esa violencia. En Castilblanco (Badajoz) estalla una huelga general el 31 de diciembre de 1931. Tiene lugar la muerte de cuatro guardias civiles efectuada por los vecinos de este pueblo con bárbaro ensañamiento. Fue la primera señal de que la convivencia en la II República ofrecería más dificultades de las esperadas.

Durante la Segunda República española, Ceuta y Melilla desean conseguir una mayor autonomía, pero los distintos gobiernos se niegan a concederla. En consecuencia, se origina en ellas un sentimiento de frustración contra el régimen.

La «Generalitat» intensifica la obra cultural iniciada por la «Mancomunitat». Uno de los aspectos culturales más remarcables del período republicano se da en el campo de la normalización lingüística del catalán. En todos los ámbitos culturales del país se imponen definitivamente las Normas ortográficas de Pompeu Fabra. En 1932 se publica, gracias a la financiación de Francesc CAMBÓ la pieza clave de la normalización lingüística, el ‘Diccionari general de la llengua catalana’, de Pompeu Fabra. Este diccionario, determina, junto con el ‘Diccionari ortogràfic’, como se ha de escribir el catalán. De esta manera se cierra un largo período de discusiones filológicas que han impedido, en gran manera, la difusión y la aceptación de unas normas ortográficas únicas.

Ortega y Gasset es el primer «progenitor» de la República que critica abierta y rotundamente, su política, con su tajante anatema de «No es esto; no es esto». Tan clara condena mueve a algunos de sus discípulos a promover un grupo llamado «Frente Español», en cuyo manifiesto fundacional colaboran García Valdecasas, María Zambrano, Juan Antonio Maravall, Rubio Sacristán, Justino de Azcárate y otros insignes republicanos «desanimados» ante el giro de los acontecimientos. Quieren reactivar la noción orteguiana de un «partido nacional, sobre todos los partidos». JOSÉ ANTONIO está a punto de asistir a las reuniones de los promotores de «Frente Español», pero prefiere quedarse al margen, aconsejado por algunos amigos, para evitar recelos o situaciones incómodas.

Pese al compromiso de AZAÑA de apoyar el acceso de Catalunya a la autonomía, su Gobierno renuncia a asumir un texto estatutario que considera inconstitucional y lo remite, para su adecuación, a la Comisión de Estatutos del Congreso de los Diputados.

La CNT publica un manifiesto exponiendo la decepción de los trabajadores al no ser cumplidas las promesas hechas por el nuevo régimen. Las agitaciones y huelgas que siguen se sofocan por la intervención del ejército y los sindicalistas detenidos son deportados a la Guinea Española. La reacción no se hace esperar y se nota en casi todas las provincias, especialmente en Zaragoza. Al mismo tiempo, el Gobierno, en plena crisis con los anarcosindicalistas, orienta su política para controlar al clero católico y prohibe la enseñanza del catecismo en las escuelas. Sin embargo, Alcalá ZAMORA no está de acuerdo con la Constitución y es partidario de su modificación, aunque procura no quebrantarla.