Cinco días después de los sucesos de Castilblanco, diversas multitudes en Zalamea de la Serena, Epila y Jerez de los Caballeros prorrumpen en gritos contra la Guardia Civil, insultándoles y pidiendo su disolución. Como resultado de los incidentes se produjeron cuatro muertos y dieciséis heridos.

En Arnedo (La Rioja), en la fecha, mueren siete trabajadores y quedan heridos treinta más al disolverse a disparos de la Guardia Civil la manifestación que se celebraba ante la casa consistorial del pueblo. Las consecuencias políticas son importantes. Ante la dureza de las medidas tomadas por la Guardia Civil es destituido su director, el general SANJURJO. Posteriormente, es colocado al frente del cuerpo de Carabineros, un puesto de menor relieve, en lo que se interpreta como un castigo por sus críticas a la política gubernamental de orden público. De pronto el general SANJURJO se ha convertido en un enemigo declarado de la República, y como tal empieza a ser visto por quienes sueñan con derribarla. En la calle le abordan con frases como «¡Usted, mi general, es el único que puede salvar España!», que le llenan de satisfacción y le imbuyen responsabilidad histórica.

La radicalización de las bases durante la primavera y el verano de 1931 termina desembocando en una espiral de violencia alentada por la FAI. Tras las breves huelgas generales convocadas en varias ciudades durante el otoño de 1931, a finales de año concluye lo que se ha denominado «política de tanteo frente al fenómeno republicano» y se inicia una etapa plenamente ofensiva, un período insurreccional cuya primera acción es el levantamiento armado de la cuenca del Alto Llobregat, en Catalunya. Acuciados por sus penosas condiciones laborales, el 18 de enero de 1932, mineros y obreros textiles se hacen con el control de sus centros de trabajo y se adueñan de Figols, Sallent, Súria, Cardona, Berga y otras poblaciones, donde proclaman el comunismo libertario. El Gobierno reacciona con extraordinaria energía y envía unidades del Ejército al mando del capitán general de Catalunya, Doménec BATET i Mestres. La insurrección es reprimida duramente por el ejército. Azaña moviliza por primera vez en la República a las tropas militares para un levantamiento civil. Los anarquistas se radicalizarán y protagonizarán otras insurrecciones y huelgas violentas que durarán hasta 1933. La CNT adoptará una actitud de enfrentamiento con la Generalitat.

Los republicanos y socialistas en el gobierno están decididos a reducir el poder de la Iglesia, por lo que se dedican en cuerpo y alma a la promulgación de leyes destinadas a acabar con la influencia de la Iglesia en la sociedad. Por el decreto de disolución de la Compañía de Jesús, de 23 de enero de 1932, el Gobierno se limita a dar de baja a la Compañía como asociación con personalidad jurídica en España, a disolver sus comunidades y a nacionalizar parte de sus bienes, especialmente colegios y residencias, que pasan a ser administradas por un Patronato. Contra lo que se ha dicho a veces, no se trata de una nueva expulsión de los jesuitas. Los miembros de la Compañía pueden seguir ejerciendo su ministerio en el país, pero sin vinculación a una Orden que por su disciplina y capacidad y por su cuarto voto especial de obediencia al Papa es considerada por los republicanos como altamente nociva para los intereses nacionales.

Por otra parte, en un pais donde casi la mitad de la población es analfabeta la republica tiene que romper el control de la Iglesia para crear un moderno sistema de enseñanza laica. Los proyectos iniciales se ven frenados por falta de presupuestos, a pesar de ello, en dos años se crearán más de 13.000 nuevas escuelas. Pero habría sido más prudente que la República no hubiese atacado a las órdenes religiosas, que ya disponían de buenos colegios. El cierre de los mismos plantea graves problemas de ubicación de nuevos alumnos. El decreto provoca durísimas críticas al gobierno por parte de los sectores católicos de la población, pero la política de laicismo seguirá adelante: secularización de los cementerios, prohibición de enseñar catecismo en los colegios, ley del divorcio, etc.

En febrero de 1932, el presidente del Gobierno, Manuel AZAÑA, nombra a Francisco FRANCO jefe militar de la guarnición de La Coruña, premiando su acatamiento y buena disposición ante el cierre de la Academia General Militar.

Se funda el club Real Zaragoza, de España.

En abril de 1932, el Ayuntamiento de Santiago de Compostela impulsó un movimiento municipalista, que cuajó en junio con el nombramiento de una comisión de nueve miembros, autora de un nuevo anteproyecto inspirado en buena medida en el Estatuto catalán. A mediados de diciembre de ese año, la Asamblea de Ayuntamientos y los diputados gallegos, reunida en Santiago, aprobó el texto. El siguiente paso debía ser el referéndum popular, pero la consulta se fue postergando, primero por las disensiones surgidas entre las fuerzas políticas gallegas y luego por el parón autonómico del segundo bienio republicano.

Frente a las aspiraciones autonomistas de algunas regiones españolas, el Ejército se muestra como la institución más ofendida por las pretendidas reformas republicanas. Muchos militares del ejercito están alarmados ante la perspectiva de las autonomías regionales. La unidad de la patria les obsesiona. España ha perdido todas sus colonias de ultramar y la guerra de Marruecos amenaza sus ultimas posesiones. La República se propone modernizar este ejercito anticuado y con exceso de oficiales (uno por cada nueve soldados). El Ejército ve las reformas republicanas con profunda desconfianza, pero es el proyectado estatuto de autonomía catalán lo que los militares conservadores consideran como la amenaza mas inmediata.

El proyecto del Estatut de Catalunya, retocado por la Comisión de Estatutos del Congreso de los Diputados, pasa a la discusión en el Pleno del Congreso del 6 de mayo y en torno a él polemizan los diputados durante más de cuatro meses sobre los límites del regionalismo, sobre la unidad nacional y sobre la naturaleza del particularismo catalán. Pronto queda de manifiesto que a partir del contenido de la Constitución, aprobada recientemente, las Cortes no consideran el Estatut de Nùria como algo a ratificar, sino como un simple anteproyecto modificable, por tanto, en todos los aspectos. El debate es tenso y difícil. El Estatut tiene que soportar la oposición tanto de la derecha como de la izquierda y también oposición tanto en el interior de la cámara: intervenciones parlamentarias de Miguel Maura, Sánchez Román, Ortega y Gasset, Royo Villanova y GIL ROBLES, como en la calle: en todos los rincones del estado, especialmente en Castilla, el anticatalanismo se moviliza intensamente para evitar la aprobación del Estatut o almenos para diluir su contenido.