Queda definitivamente suspendido el CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO I con la bula «Postquam Dei munere». Los Estados Pontificios se disolverán definitivamente cuando Víctor Manuel II los anexione al reino unificado de Italia, incluida Roma. La jurisdicción del papado quedará reducida al Vaticano, en el que cada uno de los sucesivos pontífices permanecerá como prisionero voluntario en protesta.

De hecho, dos o tres años después de la Gloriosa, el clima en España ya es favorable a los Borbones. La burguesía periférica, especialmente la vasca y la catalana, confía en una política económica más moderna y liberal, aunque proteccionista en la industria textil. Se pide también un mayor control del movimiento? obrero. La España rural y la burocracia urbana reclaman estabilidad y el orden público asegurado. Los católicos están divididos. Los partidarios de un catolicismo tradicional apoyan al pretendiente carlista, pero otros muchos, inspirados por el propio papa Pío IX, desean el advenimiento de un monarca católico que devuelva a la Iglesia muchos de los bienes desamortizados y que apoye nuevamente la enseñanza religiosa, sin excesos de ningún tipo, sin arbitrariedades y sobre todo sin el peligroso rechazo a la modernidad que recomiendan los carlistas.

En el campo de la teología moral, el jansenismo ha dejado su huella, generando una teología Moral que se caracteriza por un rigorismo muy acentuado; se puede sintetizar señalando que entiende que las obras de los no-cristianos no tienen absolutamente ningún valor; además rechazan el dolor de atrición (en contradicción con el Concilio de Trento) por considerarlo sumamente imperfecto. Frente a esta postura moral, surge ya en el siglo XVIII la figura de S. Alfonso María de Ligorio cuya renovación en este campo es recomendada por Roma en numerosas ocasiones; Pío IX, en este sentido, en un gesto muy significativo, proclama a San Alfonso Maria de Ligorio como Doctor de la Iglesia en 1871, a petición de un número muy elevado del episcopado mundial (unos 600 obispos). Esta nueva perspectiva moral es acogida con entusiasmo por los clérigos.

La Iglesia Católica, a partir del Concilio de Trento (1545), da normas regularizando el modo de llevar los libros parroquiales de bautismos y matrimonios (luego, la práctica impondrá el de defunciones). Estos asientos, con el tiempo, serán utilizados y admitidos como prueba en los contenciosos civiles. Tras la «Gloriosa» revolución de 1868, en la nueva Constitución de 1869 se proclama la libertad de culto. Esta libertad exige la creación de un Registro Civil -las parroquias sólo registran a los católicos- en el que anotar los datos de todos los españoles, fueran o no católicos, y así surge la ley «provisional» de 17 de junio de 1870 que implanta por vez primera en el Estado tal registro, ya con sus actuales características generales. Tal ley entra en vigor el 1 de enero de 1871. Y aunque titulada «provisional», mantendrá su vigor hasta ser substituida por otra nueva de 1957 que, junto a su reglamento del 14-XI-1958, comenzará a regir el primero de enero del año siguiente.

El 13 de mayo de 1871, la nueva nación italiana trata de ablandar al Papa dispensándole honores regios y brindándole plena libertad para llevar a cabo sus deberes religiosos. Declara inviolable su persona y permite su libre comunicación con todos los católicos del mundo, y también se muestra dispuesto a que envie y reciba representantes diplomáticos, que gozarán de idénticas inmunidades que los seculares. Conservará el pleno dominio del palacio Vaticano del Laterano y de la Villa de Castelgandolfofo «para su uso», así como una asignación de tres millones y cuarto de francos y no estará sujeto a otras leyes que las suyas. PÍO IX se niega a aceptar nada. Como Pío VII, declara que no puede renunciar a unos derechos que no son suyos. Y a partir de ese momento, él y los Papas que le sucederán (hasta Pío XI) se considerarán como prisioneros. En cualquier caso, los Estados Pontificios desaparecen de hecho y el poder temporal de los Papas se convierte en un mero recuerdo.

BISMARCK, prusiano y protestante, está decidido a que en el seno de Alemania no haya fuerza alguna que pueda contrarrestar de manera efectiva la supremacía del estado. Le parece que la Iglesia católica, que ha declarado la infalibilidad del Papa en 1870, que tiene carácter universal, y cuya cabeza no es alemana, resulta sospechosa. En la primera década del Imperio se tomarán enérgicas medidas contra la influencia política de los católicos que defienden a la Iglesia Católica en el Reichstag (Parlamento Alemán) por el partido Zentrum (Centro católico). Esta será la «kulturkampf» («Lucha cultural»). BISMARCK, apoyado en el partido liberal-nacional, representante de la burguesía, se lanzará contra la Iglesia Católica en una lucha legislativa. Así, el párrafo de la cátedra (10 de diciembre de 1871) preverá penas de cárcel para los predicadores que critiquen al Estado. La Ley del 11 de marzo de 1872 establecerá un control de las escuelas por parte del Estado.

En la fecha, en El Salvador, salen expulsados los padres jesuitas, después los padres capuchinos y otros del clero secular. Entre tanto, el Vicepresidente, Lic. Manuel Méndez, introduce la masonería en El Salvador. Se secularizan los cementerios, queda roto el Concordato y finalmente es desterrado el mismo Sr. Cárcamo en compañía de otros ilustres sacerdotes. Siendo ya incapaz el anciano Mons. Pineda y Saldaña, queda encargado del gobierno eclesiástico el Canónigo Dr. José Antonio Aguilar, que pronto será también desterrado con otros tres sacerdotes.

Durante la I República, la separación de la Iglesia y el estado, suprime las subvenciones.

Las disposiciones desde el gobierno alemán para controlar la influencia de la Iglesia Católica, conocidas como «kulturkampf», se concretan en las leyes de mayo de 1873, que sujetan al clero alemán bajo un estricto control del Estado. En respuesta, PÍO IX escribe una carta a GUILLERMO I, que es replicada con otra del canciller en la que considera a los obispos como rebeldes y a los católicos como enemigos. La situación se agrava cuando los obispos alemanes y los diputados católicos expresan su negativa a acatar las leyes de mayo de 1873.

Otro frente al que atiende el Gobierno es el de las relaciones con la Santa Sede. En lugar de la separación absoluta del Estado, CASTELAR obtiene del Vaticano el reconocimiento a la República del derecho a «presentar» obispos (es decir, a proponer a algunos sacerdotes para su nombramiento). En consecuencia se cubren las sedes de Toledo, Santiago y Tarragona.