La Generalitat de Catalunya rebaja, por Decreto, los alquileres en un 50 por ciento.

Se emiten revolucionarios Decretos de regulación, control, incautación y colectivización de tierras e industrias por la Generalitat (presionada por la CNT). La situación en que está Catalunya con la creación del Comité de Milicias Antifeixistes permite a los grupos radicales, especialmente anarquistas, empezar un proceso espontáneo de revolución social que se concreta en la lectivización de las empresas que han sido abandonadas por sus propietarios. A partir del septiembre de 1936, el proceso lo dirige la Generalitat, puesto que Tarradellas (consejero primero del Consejo Ejecutivo) consigue la formación de un gobierno de unidad de las fuerzas republicanas y obreras (ERC, CNT, PSUC, UGT, POUM). El nuevo gobierno establece una economía planificada controlada por el Consejo de Economía de Catalunya y crea además la Comisión de Industrias de Guerra que planificará y controlará la producción bélica.

Francesc CAMBÓ se encuentra en el extranjero cuando estalla la Guerra Civil y no tiene nada que ver con la trama civil que da soporte al golpe militar de julio de 1936. Pero cuando los partidos obreristas de Catalunya inician la revolución social y la persecución de personas de derechas sospechosas de colaborar con los insurrectos, CAMBÓ decide dar soporte a los franquistas. Así impulsa una gran campaña de propaganda de soporte a FRANCO, que se organiza en Francia (l’Oficina de Propaganda i Premsa de París) y en Italia (emisiones en catalán de Ràdio Veritat). A parte de otras actividades propagandísticas, como la publicación de artículos a diarios europeos, CAMBÓ también da soporte económico a los insurrectos y anima a otras personas adineradas a hacer lo mismo. La «Oficina de Propaganda i Premsa de París» edita libros y publicaciones periódicas, como el ‘Boletín de Información Española’, publicado también en francès, y «Occident», la revista profranquista más importante de Europa.

En octubre de 1936, la Generalitat de Catalunya recupera el control político y establece los tribunales populares, o sea, instancias judiciales civiles, destinadas a juzgar los acusados de apoyar al bando insurrecto sin necesidad de acudir a la justicia militar y evitando la represión incontrolada e indiscriminada que siguen promoviendo algunos grupos obreristas radicalizados. Y es que grupos obreristas radicalizados, especialmente faistas (de la FAI), han iniciado una represión indiscriminada e injustificada contra todo sospechoso de apoyar a los insurrectos. Han sufrido esta persecución clérigos, personas de derechas, católicos practicantes, empresarios y propietarios de tierras. Las autoridades catalanas, como el consejero Ventura Gassol, han protegido a muchas personas perseguidas, especialmente eclesiásticos, como el cardenal Vidal y Barraquer, y han intentado salvaguardar el patrimonio artístico. La Generalitat y los dirigentes de los principales grupos políticos y sindicales han intentado frenar estos excesos, pero no lo han conseguido hasta octubre

Manuel AZAÑA, presidente de la República de España, decide abandonar Madrid ante el empuje nacional, resolviendo instalarse en Valencia. Pero se dispone que el presidente de la República -Manuel AZAÑA- resida, no en Valencia como es lo lógico, sino en Barcelona (en Montserrat). Se dice que por deferencia a los catalanes pero, en realidad, se trata de otra maniobra más de los socialistas, mayoritarios en el gobierno, para mantener alejado y neutralizado a un hombre en quien no confían. Por haber estado alejado de los centros de decisión y de lucha, pero también por su carácter y, quizá, porque así lo quería íntimamente, la participación del presidente de la República en la guerra en que se juega la pervivencia de ella es nula.

A raiz de la Guerra civil de 1936-1939, la comunidad benedictina de Montserrat se ve de nuevo obligada a dispersarse momentáneamente, pero las dependencias del monasterio no se ven afectadas por la decidida actuación de la Generalitat de Catalunya.

La Generalitat de Catalunya disuelve las patrullas de control y reforma los servicios de orden público.

En Catalunya, en mayo de 1937, la CNT-FAI pierde su hegemonía en beneficio de los comunistas y del partido del Gobierno, Esquerra Republicana de Catalunya. Durante el primer período de la guerra civil el gobierno de la Generalitat asume plenos poderes para hacer frente a la situación, lo que posibilita tomar las decisiones que impone la defensa de las instituciones de Catalunya. De este modo, ante la imposibilidad de convocar elecciones legislativas, se prorroga la legislatura y la presidencia de LLuis COMPANYS.

Ante la gravedad de los hechos, el gobierno central -en estos momentos situado en Valencia- se hace cargo del orden público y envía fuerzas de seguridad -5.000 policias- que dominan la situación. Como consecuencia del conflicto, se produce una pérdida de la influencia política de los anarquistas a favor del PSUC, que sale fortalecido del conflicto. En cambio, el POUM sufre una violenta represión, que llega hasta la detención de los principales dirigentes. Hasta este momento, la Generalitat de Catalunya ha aumentado considerablemente sus atribuciones autonómicas. Los hechos de mayo de 1937 y sus consecuencias, comportan una disminución del poder autonómico de la Generalitat. En efecto, un decreto dispone que todos lo servicios de seguridad de Catalunya pasan a depender del gobierno de la República.

El Gobierno de Euzkadi con AGUIRRE como presidente, fija su sede en Barcelona.