El proyecto constitucional para el Estado español, pasa al Congreso de los Diputados y el día 18 de julio surge una nueva dificultad cuando los diputados del PNV exigen que se acepten sus reivindicaciones «históricas forales» en su totalidad, al no compartir las decisiones que se toman, abandonan en bloque el salón de sesiones. Una nueva ruptura del consenso se produce entre la UCD y el PSOE cuando los centristas presentan enmiendas sobre la libertad de enseñanza.

La Comissió dels Vint, reunida en Sau deja lista la redacción del proyecto de Estatut para Catalunya -Estatut de Sau- en septiembre de 1978.

En otoño de 1978 se celebra el primer Congreso de UCD, en el que se confirma que el partido es partidario de la adhesión a la OTAN, aunque con ciertas peculiaridades y necesidades de seguridad, y se propone que paralelamente a la integración se llegue a un acuerdo sobre el tema de Gibraltar. En cuanto al procedimiento se es partidario de un amplio respaldo popular a través del Parlamento y un debate en el momento oportuno. Pero una vez más, estos temas quedan en segundo plano como consecuencia de asuntos relacionados con la política interior, en este caso la necesidad de lograr un consenso entre los diversos partidos para sacar adelante el texto de la Constitución y la transición democrática.

El 31 de octubre de 1978, y en sesiones plenarias de ambas cámaras, el texto constitucional para el Estado español, obtiene el refrendo, a falta de una solución satisfactoria sobre la cuestión vasca, por 325 votos de los 345 diputados asistentes.

Coincidiendo con el tercer aniversario de la «Marcha Verde», HASSAN II jura sobre el Corán que defenderá la unidad territorial de Marruecos «desde el estrecho de Gibraltar hasta el Sáhara». De nuevo, pues, sale a relucir el tema de Ceuta y Melilla. Desde que en 1975 España se viera obligada a ceder el Sáhara a Marruecos, el monarca alaui supedita la «recuperación» de Ceuta y Melilla a que Gran Bretaña devuelva Gibraltar a los españoles. En más de una ocasión ha afirmado que reivindicando Gibraltar, «España trabaja para nosotros, porque si recupera el Peñón, nosotros recuperaremos Ceuta y Melilla». En concreto, Rabat utiliza el mismo argumento que Madrid -el principio de integridad terrritorial de los estados- para hacer valer sus pretensiones ante el Comite de Descolonización de la ONU.

En 1978, el proceso de transición político que se está viviendo en España inquieta a los militares. Se habla incluso de secuestrar al Gobierno durante una reunión del Consejo de Ministros y de obligar al Rey a aceptar un Gabinete de Salvación nacional. El teniente coronel Tejero de la Guardia Civil y el capitán Sáenz de Ynestrillas de la Policía Armada son acusados de rebelión y confinados en Alcalá de Henares hasta diciembre del 79. El asunto se desenmascara gracias a la contrainformación del comandante Andrés Casinello, agregado a la Guardia Civil. Los encuentros que ambos militares mantienen en la madrileña cafetería Galaxia (después Café Van Gogh), el 11 de noviembre de 1978, dan nombre a esta operación.

Por Decreto-Ley de la fecha, se adelanta la mayoría de edad para los españoles de los 21 a los 18 años, «en sintonía con otros ordenamientos europeos»,

Tras el régimen franquista, la constitución española de 1978 otorga a Ceuta y Melilla un diputado en el Congreso y dos representantes en el Senado.

El texto de la comisión para una nueva constitución en España, es aprobado por las Cortes y ratificado en referéndum el 6 de diciembre de 1978 con una abstención del 32% y un 95% de resultados positivos. Desde el punto de vista formal la nueva Constitución es, por su extensión, la más larga de la historia constitucional española, por su contenido es la más democrática y renovadora. España queda definida como «un estado social y democrático de derecho» cuya forma política es la «monarquia parlamentaria». La Constitución española reconoce la división de poderes y las libertades fundamentales de los ciudadanos y organiza el territorio en comunidades autónomas.

El art. 2º de la nueva Constitución española define una nueva estructura del estado al establecer un «sistema de autonomías». Se garantizan las libertades fundamentales: expresión, residencia libre, manifestación, reunión, huelga, asociación. Se establece la mayoría de edad a los 18 años y queda abolida la pena de muerte. Respecto a la cuestión religiosa se declara que «ninguna religión será oficial», si bien, dice, el estado tendrá en cuenta la religiosidad católica de los españoles. Se reconoce la libertad de enseñanza, la de empresa y la economía de mercado. Respecto a las Cámaras, el Congreso de Diputados se elige por sufragio universal y con arreglo a un sistema de representación proporcional, y el Senado, se constituirá a razón de cuatro senadores por provincias. El mandato de ambos será de cuatro años. El papel del Rey queda limitado a funciones estrictamente de «moderador» y todos sus actos deben ser refrendados por el primer ministro o ministro correspondientes.